El Gobierno australiano ha pactado un desembolso de 2.500 millones de dólares australianos (aproximadamente 1.400 millones de euros) al Gobierno de Nauru para la deportación de migrantes que han infringido la ley en Australia y no pueden ser retornados a sus naciones de origen. Este acuerdo podría extenderse por hasta treinta años.
El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, propone así desplazar a estos individuos a Nauru para evitar su permanencia en centros de detención australianos, y los preparativos para el primer traslado ya están en marcha, según reportes de ABC, la cadena australiana de televisión.
Aunque el plan requiere la aprobación final del Parlamento, Albanese anunció el viernes la firma de un convenio similar con Nauru para transferir a migrantes cuyas peticiones de asilo fueron rechazadas por antecedentes penales.
Esta medida ha generado críticas de organizaciones de derechos humanos y ha sido comparada con las políticas migratorias implementadas por el presidente estadounidense, Donald Trump. Se espera que la votación parlamentaria sea meramente procedimental, dado el respaldo mayoritario de los diputados al proyecto.
Los fondos asignados a Nauru podrían disminuir drásticamente si el país rechaza aceptar el número de migrantes inicialmente acordado. Nauru ya ha obtenido dos tercios de sus ingresos anuales de 2024 gracias a estos acuerdos con Canberra.
Australia ha implementado estrictas leyes migratorias por décadas, enviando a solicitantes de asilo que llegan por mar a centros de detención alejados de su territorio, en un esfuerzo por mitigar el tráfico humano y la migración, una práctica que ha sido criticada incluso por el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
El Centro de Recursos para Solicitantes de Asilo de Australia ha indicado que Nauru planea emitir 280 visados a migrantes deportados desde Australia y ha criticado que la ley compromete el derecho a un proceso justo de deportación ante la justicia australiana.
Aquellos casos en los que los migrantes hayan recurrido la negativa del Gobierno a ofrecerles un visado serán directamente sobreseídos bajo esta nueva normativa, ha denunciado Jana Favero, subdirectora de la organización, señalando que la medida podría resultar en unas 80.000 deportaciones.
Esto son miles de vidas en peligro y no el número insignificante que supuestamente el Gobierno australiano tiene en mente, ha aclarado.