El Ministerio de Exteriores de la Autoridad Palestina ha exigido este viernes a las 158 empresas incluidas en la ‘lista negra’ de Naciones Unidas por su vinculación a los asentamientos israelíes, entre ellas cuatro españolas, a que cesen sus actividades de forma inmediata.
«La continuación de dichos contratos con la ocupación constituye una participación efectiva en el mantenimiento del régimen colonial, genocida y de apartheid de Israel, así como de su prolongada ocupación ilegal del Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén», ha señalado en un comunicado.
En este sentido, ha afirmado que sus actividades «contribuyen al desplazamiento y traslado forzosos, la anexión de tierras, la colonización de territorios ocupados, el saqueo y la explotación de los recursos naturales», así como a la «demolición de viviendas».
De igual forma, apoyan «el castigo colectivo y la negación sistemática de los derechos y libertades fundamentales, incluido el derecho inalienable del pueblo palestino a la autodeterminación». «Estos actos constituyen crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad según el Derecho Internacional», ha argüido.
El Ministerio ha indicado que la lista es una «herramienta fundamental para exponer la complicidad corporativa» de los crímenes de Israel y ha instado a la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos a actualizarla periódicamente, a la par que exigir a las empresas que pongan fin a este tipo de actividades y remitir las conclusiones a los órganos judiciales y reguladores competentes.
«Instamos a todos los Estados a que cumplan con sus obligaciones jurídicas prohibiendo la participación de sus empresas comerciales en actividades de los asentamientos, adoptando sanciones y restricciones comerciales y garantizando la plena rendición de cuentas por la complicidad empresarial en esos crímenes», ha zanjado.
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha añadido este viernes 68 nuevas empresas en su lista. Si bien la gran mayoría son de Israel, otras muchas tienen su sede en Canadá, China, Francia, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Estados Unidos o España.
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) falló en julio de 2024 que la política de asentamientos israelíes es contraria a la Cuarta Convención de Ginebra sobre el desplazamiento forzado de personas, constitutiva de un esfuerzo de anexión y contraria al Derecho Internacional. En virtud de ello, ordenó el «cese inmediato» de cualquier procedimiento de expansión, una decisión no acatada por las autoridades israelíes.