Tras la destitución de Bashar al Assad, Siria ha experimentado una transformación que ha generado un ambiente de optimismo a nivel global respecto al desmantelamiento de los campamentos en el noreste del país, relacionados con Estado Islámico. Diversos países, especialmente europeos, mantienen una actitud precavida ante estos desarrollos, al tiempo que se intensifican las solicitudes para repatriar a los extranjeros a sus naciones de origen.
Actualmente, más de 30.000 personas viven amontonadas en estos campamentos, ubicados cerca de las fronteras con Irak y Turquía desde 2016, incluyendo 8.500 extranjeros de 62 diferentes países. De acuerdo con datos de la ONU, un 60% de los residentes son niños, la mayoría menores de 12 años.
Estos campamentos albergan a numerosas familias que escaparon del yihadismo, así como a un gran número de mujeres viudas y desprotegidas tras perder a sus esposos en conflictos. Muchos niños, nacidos de matrimonios no oficialmente reconocidos, carecen de documentos legales, lo que obstaculiza su acceso a educación y salud, y complica su futura integración social y repatriación.
En esta región de Siria, también se encuentran prisiones como Alaya y Panorama, donde miles aún esperan juicio. Amnistía Internacional ha denunciado en abril de 2024, torturas y violaciones de derechos humanos a detenidos, incluyendo menores y mujeres afectadas por el reclutamiento forzoso y matrimonios impuestos.
Un reciente acuerdo entre las Fuerzas Democráticas Sirias y el nuevo gobierno transitorio promete reintegrar las instituciones autónomas en el Estado sirio, ofreciendo esperanza de resolver esta prolongada crisis humanitaria y de seguridad. En solo seis meses, más de 12.000 desplazados han regresado a sus países, incluyendo 7.000 iraquíes, con un objetivo marcado por Bagdad de repatriar a todos sus ciudadanos para finales de 2025.
A pesar de este optimismo, los campos gestionados por autoridades kurdas siguen siendo problemáticos, marcados por hacinamiento y escasez de recursos básicos. Save the Children ha reportado en agosto de 2020 la muerte de ocho niños por problemas graves de salud. La situación en estos campos sigue siendo crítica, según fuentes de Europa Press.
Los recortes en ayuda exterior de EE.UU. desde la reelección de Donald Trump en 2025 han afectado significativamente las operaciones, aunque una exención permitió que el personal de las ONGs estadounidenses regresase al trabajo. El control de la financiación de los campamentos ahora recae en ACNUR, que ha tenido que reducir su personal en un 30%.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha instado a Francia a repatriar a sus ciudadanos, mientras que el registro de menores repatriados ha generado controversia. La falta de mecanismos eficaces para la rendición de cuentas y la rehabilitación sigue siendo un desafío para muchos países occidentales.