La campaña para las elecciones fijadas para el próximo 12 de febrero en Bangladesh arrancó este jueves, dando el pistoletazo de salida, tres semanas antes de la cita con las urnas, a los primeros comicios que se celebran en el país desde la caída del Gobierno de la ex primera ministra Sheij Hasina, que permanece exiliada en India.
En varias ciudades bangladesíes, miles de personas se han concentrado para respaldar al líder opositor Tarique Rahman, del Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP), que se perfila como claro favorito en estas elecciones. “¿Tenemos un nuevo líder? Sí”, han coreado al unísono decenas de seguidores durante los actos de apoyo.
Rahman, que ha encabezado un mitin en la ciudad de Sylhet, ha advertido sobre posibles “conspiraciones” y ha subrayado que su prioridad es conseguir que la ciudadanía “viva y coma mejor”, según recoge el diario ‘The Daily Star’.
Al mismo tiempo, el principal partido islámico del país, Jamaat-e-Islami, tiene previsto iniciar su propia campaña en Daca, la capital, a lo largo del día, con la organización de varios mítines y actos públicos.
Estos comicios servirán para definir la composición del nuevo Parlamento y, de forma paralela, la población podrá pronunciarse en un referéndum sobre la denominada Carta de Julio, una “reforma política integral” promovida por el Ejecutivo de transición de Bangladesh. El primer ministro interino, el premio Nobel Muhamad Yunus, ha resaltado la trascendencia de esta doble cita y ha afirmado que marca “el inicio de un nuevo Bangladesh” y simboliza la “unidad” de su pueblo.
Pese a ello, el proyecto ha generado rechazo en ciertos sectores políticos, que optaron por boicotear la firma del texto el pasado mes de octubre y llamaron a manifestarse en la capital. Además, varios colectivos de protestantes —que aseguran haber liderado las revueltas contra el Gobierno de Hasina durante el verano de 2024— sostienen que sus reivindicaciones han quedado fuera de la Carta de Julio.
En noviembre, la Justicia de Bangladesh dictó contra Hasina una condena a muerte por crímenes contra la humanidad vinculados a la dura represión de las protestas de 2024, en las que murieron 1.400 personas y que terminaron forzando su salida del poder tras quince años al frente del país.