El Ejecutivo de Bangladesh ha denunciado que las autoridades de Birmania están tratando de contaminar el procedimiento abierto en su contra por genocidio de la minoría rohingya ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), al intentar imponer "una narrativa migratoria" con el objetivo de "desviar la atención de los crímenes atroces cometidos contra ellos".
El proceso, impulsado inicialmente por Gambia, sostiene que, a partir de agosto de 2017, los mandos militares birmanos llevaron a cabo un genocidio contra la población rohingya, expulsada de forma masiva hacia Bangladesh, país que desde entonces alberga a cientos de miles de refugiados. La acusación recuerda que el propio Ejército birmano presentó aquella campaña como una "operación de limpieza" que habría incluido ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual sistemática y destrucción generalizada de propiedades privadas.
El Ministerio de Exteriores de Bangladesh responde de forma directa al alegato de la defensa birmana, que califica a los rohingya como "bengalíes", una etiqueta que Daca considera falsa y cuyo único fin sería "crear una narrativa de migración ilegal y reforzar las amenazas a la seguridad interna" para legitimar lo que los militares birmanos definieron en su día como una "operación antiterrorista".
En este sentido, el Ministerio subraya que "Los rohingyas son un grupo étnico distinto que evolucionó durante siglos en Arakán incluso antes de convertirse en parte del Reino de Barman en 1785" y recalca que "Su presencia en la región es anterior a las fronteras modernas y está bien documentada en registros históricos, relatos demográficos coloniales y estudios independientes", antes de volver a tildar la versión oficial birmana de "incoherente con los hechos históricos".
Para Exteriores de Bangladesh, "Birmania les ha negado constantemente sus legítimas garantías constitucionales de igualdad de derechos y participación como miembros iguales de la sociedad birmana" y sostiene que, como culminación "de este proceso de destrucción planificada de los rohingya como comunidad, hasta que fueron expulsados para convertirlos en apátridas".
El comunicado concluye denunciando que "Categorizarlos como 'bengalíes' ha sido parte de una campaña sistemática del Estado de Birmania para negar a los rohingyas sus derechos fundamentales, incluidos la ciudadanía y los derechos humanos".