El Gobierno interino de Bangladesh, encabezado por Muhammad Yunus, ha dado este jueves el visto bueno a una nueva ley destinada a otorgar inmunidad a los participantes en las protestas antigubernamentales del verano de 2024, movilizaciones que desembocaron en la caída del Ejecutivo de la ex primera ministra Sheij Hasina.
El asesor jurídico del Ejecutivo, Asif Nazrul, ha indicado ante los medios tras la reunión del Gabinete que la norma se hará oficial en el Boletín Oficial de Bangladesh en un plazo de entre cinco y siete días, de acuerdo con la información difundida por la agencia de noticias BSS.
Nazrul ha especificado que cualquier procedimiento penal abierto contra los manifestantes con anterioridad a la aprobación de esta ley será anulado. “A partir de ahora no se podrán presentar nuevos procesos por las acciones llevadas a cabo durante julio y agosto como parte de la llamada 'resistencia política organizada'”, ha precisado.
Sin embargo, ha subrayado que la medida excluye los delitos especialmente graves cometidos “en nombre de la resistencia política” y ha recalcado que quienes hayan incurrido en este tipo de crímenes “no quedarán exentas de responsabilidad penal”.
“La ley no se ha promulgado para otorgar inmunidad a los asesinatos cometidos por codicia, venganza o intereses personales o ajenos al objetivo de derrocar al Gobierno fascista y restaurar la democracia, ha reiterado Nazrul ante la prensa.
Sheij Hasina fue condenada a muerte en rebeldía por crímenes contra la humanidad en relación con la represión de las protestas del verano de 2024, que, según datos de la ONU, dejaron 1.400 muertos y precipitaron su salida del poder y su posterior huida a India tras quince años al frente del país.
Las autoridades bangladesíes han solicitado a India la extradición de Hasina, considerada responsable de la muerte de seis manifestantes desarmados en Daca a manos de la Policía en agosto de 2024 durante las protestas, así como de haber ordenado a las fuerzas de seguridad el uso de fuerza letal contra los concentrados.
La ex jefa de Gobierno ya había sido sentenciada previamente a seis meses de prisión por desacato después de ser encausada por crímenes contra la humanidad, al ordenar la represión de las protestas convocadas contra un controvertido sistema de cuotas que reservaba más de la mitad de los empleos públicos a familiares de veteranos de guerra.