Betssy Chávez, quien fuera la última jefa de Gobierno bajo la presidencia de Pedro Castillo antes de su arresto en diciembre de 2022, alcanza este miércoles cinco días en huelga de hambre seca, mientras su abogado acusa a las autoridades carcelarias de negarle atención médica adecuada.
Desde junio de 2023, Chávez se encuentra en prisión, acusada de colaborar en el intento de autogolpe de Estado de Castillo. La ley peruana ha establecido para ella 18 meses de detención preventiva por cargos de rebelión y conspiración, adicionándose en diciembre otros quince meses de prisión.
Chávez ha rechazado tener conocimiento previo de los planes de Castillo, a pesar de que algunos afirman que ella ayudó a redactar el discurso que Castillo pronunció al declarar el efímero estado de excepción que llevó a su captura.
Desde que fue encarcelada, Chávez ha reportado ser objeto de maltratos por parte del personal penitenciario. Su abogado, Raúl Noblecilla, ha expresado recientemente en redes sociales que buscan «eliminar» a su clienta. «Se acerca el final. La han sentenciado a muerte», ha publicado en la plataforma X.
Noblecilla también señaló que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ha retornado el expediente de traslado de Chávez para una nueva evaluación por la jefa de seguridad de la cárcel de Chorrillos, a quien acusa de estar vinculada con una red criminal y haber generado «informes falsos» anteriormente.
El abogado argumenta que esta demora burocrática busca solo postergar el traslado de Chávez a un centro donde no experimente abusos, razón por la que inició la huelga de hambre. Mientras tanto, el INPE ha declarado que aunque se ofrecieron servicios médicos a Chávez, ella ha declinado recibir atención.