La ciudadanía de Birmania está convocada este domingo a unas elecciones organizadas por la junta militar que dirige el país desde el golpe de Estado de febrero de 2021, unos comicios que se celebrarán en medio de la guerra y pese a las numerosas críticas y llamamientos al boicot.
El país atraviesa una profunda crisis desde la asonada militar, ejecutada por el Ejército para invalidar los resultados de las elecciones generales de noviembre de 2020, en las que la Liga Nacional para la Democracia (LND) obtuvo la victoria.
Estos comicios, cuya convocatoria se confirmó en julio tras meses de retrasos, se desarrollarán en tres rondas: la votación de este domingo será seguida por otra el 11 de enero y el proceso se cerrará con una tercera cita el día 25 de ese mismo mes.
Aunque los militares sostienen que estas elecciones abrirán la puerta a un "sistema multipartidista", las voces críticas consideran que el Ejército solo pretende "perpetuarse en el poder" y encontrar una nueva vía de legitimación, por lo que han reiterado su llamamiento a no acudir a las urnas.
Las Fuerzas Armadas, que insisten en mantener la cita electoral a pesar de la guerra y los combates, siguen defendiendo que la victoria de la LND de la ex 'líder de facto' Aung San Suu Kyi en 2020 es "ilegítima" debido a supuestas "irregularidades" en el registro de votantes.
Sin embargo, observadores internacionales han señalado que en aquellas elecciones no se detectaron grandes problemas en el proceso de votación y han advertido de que la actual violencia podría impedir que la población de las zonas más afectadas por el conflicto pueda acudir a los colegios electorales.
La activista y Premio Nobel de la Paz, de 80 años, sigue encarcelada y no participará en los comicios, al igual que su partido. Suu Kyi cumple una condena de 27 años de prisión por cargos que, según sus seguidores, responden a una persecución política. La formación fue disuelta tras negarse a registrarse bajo las nuevas normas impuestas por la junta.
Otros partidos también han pedido el boicot o han rechazado concurrir bajo las condiciones fijadas por los militares. Muchos insisten en que el proceso "no será libre ni justo" y acusan al jefe de la junta, Min Aung Hlaing, de buscar fórmulas para seguir controlando el poder y mantenerlo en manos de los uniformados.
Mientras tanto, la comunidad internacional mantiene las sanciones contra Birmania por los continuos ataques a la población civil y la dura represión contra la disidencia.
Represión y violencia en torno a las elecciones
Desde el inicio de la campaña electoral, más de un centenar de personas han sido detenidas en todo el país acusadas de sabotear los comicios al amparo de la Ley de Protección Electoral, aprobada hace apenas unos meses. Según las voces disidentes, esta normativa pretende acallar a los críticos y a quienes se oponen a unas elecciones que consideran "poco transparentes" mientras el país continúa en guerra.
Organizaciones de defensa de los Derechos Humanos llevan meses denunciando estas prácticas y alertan de que "algunas personas que critican las elecciones están siendo silenciadas por la junta", sobre todo quienes reparten panfletos para promover el boicot y la movilización contra el proceso.
Los opositores siguen acusando al Ejército de violaciones y abusos, pese a que la junta insiste en que los comicios servirán para elegir de forma "democrática" la composición del Parlamento y de las autoridades locales, algo que la oposición rechaza con firmeza.
Naciones Unidas ha señalado a la cúpula militar que gobierna Birmania por hacer un uso "brutal" de la violencia para forzar a la población a votar este domingo, mientras los grupos rebeldes tratan de impedir la participación.
Se calcula que decenas de personas han sido condenadas en virtud de la nueva ley electoral por oponerse a la celebración de los comicios en plena guerra. "Algunas sentencias son extremadamente duras, con penas de entre 42 y 49 años de prisión por colgar carteles en contra de las elecciones", ha denunciado el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk.
Entre los arrestados figuran personalidades conocidas en Birmania, como el director Mike Tee, el actor Kyaw Win Htut y el humorista Ohn Daing, todos ellos sentenciados a largas penas de cárcel por "socavar la confianza" de la población en el Ejército.
En ciertas áreas, las personas desplazadas por la violencia y los combates han sido incluso amenazadas con posibles ataques si no regresan a sus localidades de origen para votar.
Áreas sin voto y ventaja para el partido afín a los militares
El conflicto armado ha provocado que 65 localidades no puedan celebrar las elecciones por los enfrentamientos entre las fuerzas birmanas y los grupos rebeldes. La junta calcula que, en esta primera fase, podrán votar los residentes de 102 de los 330 municipios que siguen bajo control del Ejército.
Aunque más de medio centenar de formaciones han presentado candidatos, la mayoría solo compite a nivel local, mientras que únicamente seis partidos lo hacen a escala nacional con opciones reales de lograr apoyos significativos. El marco legal beneficia al Partido de la Unión, la Solidaridad y el Desarrollo (USDP), cercano a los militares. En total, unos 5.000 candidatos aspiran a ocupar los escaños del Pyidaungsu Hluttaw, la Asamblea bicameral de Birmania.
Todo indica que el camino hacia el reconocimiento de los resultados que salgan de este proceso electoral será complejo. Con una escena política dominada por los militares desde la independencia en 1948, Hlaing busca reforzar su liderazgo al frente del país.
Mientras tanto, el coste humano del conflicto sigue siendo enorme: más de 22.600 presos políticos permanecen en las cárceles, según la Asociación de Asistencia a Presos Políticos de Birmania (AAPP, por sus siglas en inglés). Desde el golpe de Estado, 7.600 civiles han perdido la vida a manos de las fuerzas de seguridad.