Birmania marca este domingo el quinto aniversario del golpe de Estado ejecutado por la junta militar en un contexto de guerra abierta, colapso humanitario y profunda fragmentación interna, alimentada por el auge de una resistencia armada contra los uniformados que integra tanto grupos de autodefensa como veteranas guerrillas étnicas que llevan décadas reclamando su propia identidad.
Las cifras del conflicto siguen siendo extremadamente difíciles de contrastar. La ONG especializada en el análisis de guerras ACLED calcula casi 90.000 fallecidos en estos cinco años de combates, mientras que colectivos civiles como la Asociación de Asistencia de Presos Políticos (AAPP) elevan a casi 7.800 los civiles muertos y a casi 30.400 las personas detenidas por el régimen encabezado por el general Min Aung Hlaing.
El jefe militar sostiene que su poder se ha visto reforzado tras las recientes elecciones, que habrían otorgado una victoria abrumadora a su Partido Unión para la Solidaridad y el Desarrollo (USDP, por sus siglas en inglés). Mientras tanto, el Ejecutivo depuesto en 2021 permanece en el exilio y su dirigente, la premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, sigue encarcelada, pese a los intentos fallidos de la comunidad internacional, y especialmente de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN), por encauzar la crisis.
En paralelo, continúa abierto ante la Corte Internacional de Justicia un procedimiento por genocidio contra Birmania por la campaña sistemática de persecución del Ejército contra la minoría rohingya en 2017, que forzó la huida de cientos de miles de personas hacia la vecina Bangladesh. En cuanto al periodo posterior al golpe, la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) solicitó en noviembre de 2024 una orden de arresto contra el líder de la junta por presuntos crímenes de lesa humanidad, aunque los magistrados aún no han hecho pública ninguna decisión al respecto.
Sobre el terreno, quienes han logrado mantener posiciones son las fuerzas de resistencia étnica, como el Ejército de Independencia Kachin (KIA) en Kachin, el Ejército Arakan (AA) en Rajine o el Ejército de la Alianza Democrática Nacional de Myanmar (MNDAA) en Shan. Junto a ellas operan grupos de autodefensa como las Fuerzas de Defensa del Pueblo (PDF) en regiones como Sagaing y Magwe, que están ejerciendo una presión creciente sobre las tropas gubernamentales.
La población civil es la principal damnificada. De acuerdo con la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), el número de desplazados internos ha pasado de unos 300.000 antes del golpe a 3,6 millones, como consecuencia directa de la violencia armada, y 16,2 millones de personas, prácticamente un tercio de los habitantes del país, requieren ayuda humanitaria para sobrevivir.
El sufrimiento no procede solo de la guerra: también de desastres naturales como el terremoto de marzo del año pasado, que dejó más de 5.500 muertos y evidenció que las autoridades castrenses birmanas están muy lejos de poder gestionar emergencias de tal envergadura, pese a sus reiteradas afirmaciones en sentido contrario.
Además, según la ONG Human Rights Watch (HRW), desde el golpe de Estado, “han proliferado el tráfico de personas, los centros de estafa, la extracción no regulada de recursos, la producción de drogas y otras operaciones ilícitas”.
Los centros de estafa en línea situados a lo largo de la frontera entre Birmania y Tailandia, controlados por redes criminales internacionales dirigidas por ciudadanos chinos, se sustentan principalmente en la trata de personas, el trabajo forzoso y la tortura para ejecutar sus fraudes, que alimentan una industria multimillonaria extendida por toda la región.
Al mismo tiempo, la brutalidad del conflicto se ha intensificado. El investigador de Amnistía Internacional sobre Birmania, Joe Freeman, afirma que “los ataques aéreos y con drones militares alcanzaron nuevos máximos en 2025, a medida que la junta ha intensificado su ya brutal campaña contra las zonas de la oposición”. Freeman denuncia que “estos últimos cinco años son un desolador ejemplo de la fallida estrategia del Ejército birmano para imponer su control mediante el asesinato y el terror a la población civil”.
UN CICLO DE IMPUNIDAD
El secretario general de la ONU, António Guterres, manifestó este viernes su “profunda preocupación” por el “rápido deterioro de la situación” en Birmania y por sus serias repercusiones en toda la región.
“El sufrimiento del pueblo birmano se ha agravado. El ciclo de impunidad persiste, con violaciones generalizadas del Derecho Internacional”, ha declarado Guterres, que ha pedido “unidad regional e internacional y un compromiso sostenido para apoyar una solución a la crisis” que “aborde plenamente las causas profundas del conflicto”, según un comunicado de su portavoz adjunto, Farhan Haq.
El máximo responsable de Naciones Unidas ha advertido de un incremento de la delincuencia transnacional, desplazamientos masivos, grave inseguridad alimentaria, inestabilidad económica y una escalada de la violencia, “en particular los continuos ataques aéreos militares contra la población civil”.
En esta línea, ha condenado “enérgicamente todas las formas de violencia” e instado a todos los actores a “ejercer la máxima moderación”, cumplir con el Derecho Internacional y facilitar un acceso seguro y sin restricciones tanto a la ONU como a sus socios para “prestar ayuda humanitaria y servicios esenciales a todos los necesitados”.
Por otro lado, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha valorado que el proceso electoral organizado por la junta “solo ha servido para exacerbar la violencia y polarización social”.
“Después de que los militares arrebataron el poder al gobierno elegido democráticamente, Birmania perdió media década de paz y desarrollo. La profunda y generalizada desesperación que sufre el pueblo birmano no ha hecho más que agravarse con las recientes elecciones organizadas por los militares”, ha declarado.
“Durante cinco años, el Gobierno militar se ha caracterizado por la represión de la disidencia política, arrestos arbitrarios masivos, reclutamiento arbitrario, vigilancia generalizada y limitación del espacio cívico. Ahora, el Ejército busca consolidar su gobierno mediante la violencia tras obligar a la gente a acudir a las urnas. Esto no podría estar más lejos de un gobierno civil”, ha criticado.