Un magistrado federal en Estados Unidos ha extendido una prohibición, mediante una orden judicial previa destinada a proteger a 16 localidades y condados, impidiendo que el Gobierno retenga fondos federales a las denominadas ‘ciudades santuario’, que incluyen a Baltimore, Boston, Chicago y Los Ángeles, por no adherirse a sus rigurosas políticas de inmigración.
El juez de distrito William Orrick, en San Francisco, ha ampliado esta medida inicial emitida en abril del presente año para abarcar a más de 30 jurisdicciones que recientemente se unieron a la demanda buscando amparo legal en este asunto.
Esta demanda se originó tras la firma de dos órdenes ejecutivas por parte del presidente Donald Trump entre enero y febrero, al inicio de su presidencia, que los demandantes consideran amenazan de forma inconstitucional con cortar la financiación federal si las autoridades locales no colaboran con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Estas órdenes estaban dirigidas específicamente a las jurisdicciones o ciudades ‘santuario’, que restringen cómo sus fuerzas de seguridad locales cooperan con agentes federales encargados de detener a inmigrantes. Orrick mencionó que el verdadero fin de las políticas de Trump es ‘amenaza coercitiva’ y una acción inconstitucional, con el objetivo de forzar un cambio en las políticas locales a favor de sus intereses.
Además, Los Ángeles ha sido incluido en la nueva orden, donde la movilización de la Guardia Nacional ordenada por Trump en junio, tras las protestas contra las redadas migratorias, ha llevado a una nueva demanda por parte del gobernador de California, Gavin Newsom.
La fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, había advertido en marzo que perseguirían a las ‘ciudades santuario’, asociándolas con la ocultación de criminales. Posteriormente, a finales de junio, el Departamento de Justicia demandó a Los Ángeles, a su alcaldesa Karen Bass, y al gobierno municipal, exigiendo la eliminación de las leyes ‘santuario’ que protegen a los inmigrantes.
Estos esfuerzos han sido constantemente ‘obstaculizados por las Ciudades Santuario, como Los Ángeles, que se niegan a cooperar o compartir información con las autoridades federales de inmigración, incluso cuando se les requiere’, según la queja de la Administración federal.