Jair Bolsonaro, el expresidente de Brasil, alcanza hoy cien días de arresto domiciliario mientras aguarda la decisión definitiva sobre el lugar donde cumplirá su pena de 27 años por su papel en la insurrección fallida de 2022, con la prisión de máxima seguridad de Papuda como posible destino.
Bolsonaro espera la resolución de un último recurso legal antes de que Alexandre de Moraes, magistrado del Tribunal Supremo, determine su futuro penal, un veredicto que se espera en las próximas semanas. En este último esfuerzo, sus abogados han solicitado que cumpla la condena en su domicilio, y de ser denegada esta petición, apelarán para que sea recluido en instalaciones militares, dada su condición de capitán retirado.
El entorno de Bolsonaro ha estado activo tanto públicamente como en privado para evitar que el expresidente sea enviado a Papuda, conocida por ser una de las prisiones más seguras de Latinoamérica.
Los aliados de Bolsonaro han señalado que su delicada salud no sería compatible con las condiciones del presidio, y han destacado que sufre crisis nerviosas frecuentes debido al estrés de enfrentarse a una posible estancia prolongada en esa cárcel. A su vez, las autoridades penitenciarias de Brasilia han intentado demostrar, sin éxito, que las condiciones de sus cárceles no son adecuadas para Bolsonaro.
Otra opción que se baraja es una celda especial en la sede de la Policía Federal en Brasilia, similar a la que ocupó Luiz Inácio Lula da Silva durante su periodo de detención en Curitiba.
CIEN DÍAS DE RUTINA RESTRINGIDA
Durante estos cien días bajo arresto domiciliario, Bolsonaro ha tenido que ajustarse a estrictas condiciones, incluyendo el uso de tobillera electrónica y prohibiciones sobre el uso de redes sociales y visitas no autorizadas. Su salud ha sido un factor recurrente, con varias visitas al hospital, que sus partidarios utilizan para argumentar en contra de su encarcelamiento.
Este periodo también ha sido testigo de constantes muestras de apoyo en las calles y en el Congreso, aunque los intentos de bloquear la agenda parlamentaria y promover una amnistía para los implicados en los ataques del 8 de enero han enfrentado obstáculos significativos.