Boluarte respalda la amnistía para fuerzas de seguridad y cuestiona la relación de Perú con el SIDH

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, ha respaldado enérgicamente la ley de amnistía para policías, militares y grupos de autodefensa acusados de violar los Derechos Humanos durante el conflicto armado interno entre 1980 y 2000. Boluarte ha prometido no dejar desamparados a quienes considera ‘defensores de la democracia’ y ha advertido que el país ‘seguirá evaluando su permanencia’ en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).

Desde el Palacio de Gobierno, Boluarte argumentó que la Ley de Amnistía, promulgada en agosto, busca reconocer a los miembros de las Fuerzas Armadas que ‘sacrificaron sus vidas’ y que han enfrentado ‘procesos judiciales y acusaciones injustas durante años’, según sus palabras recogidas por la cadena RPP. ‘No abandonaremos a nuestros defensores de la democracia, porque la gratitud de la patria no tiene fecha de caducidad’, afirmó con vehemencia.

Además, la mandataria peruana ha criticado la posición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha solicitado a los jueces peruanos no aplicar la normativa por considerarla inconstitucional. Frente a esto, Boluarte ha reiterado que Perú ‘seguirá evaluando su permanencia’ en el SIDH.

Boluarte también expresó su frustración preguntando, ‘¿Dónde está la reparación civil para nuestro querido Perú? 20 años de terror y ¿dónde está la reparación civil para los 70 mil peruanos que fallecieron a manos de terroristas?’, en alusión a las organizaciones armadas involucradas en el conflicto.

Finalmente, la presidenta defendió la soberanía y el derecho de Perú a decidir su propio destino sin influencias externas, subrayando que ‘todos los pueblos tienen derecho a su libertad, a su independencia, a su autodeterminación y a construir su propia historia’. ‘No vamos a permitir injerencia de ningún tipo ni de ningún organismo internacional’, concluyó.

La ley fue aprobada por el Congreso a principios de julio y la Corte IDH pidió a Perú abstenerse de implementarla mientras se evalúa su compatibilidad con mandatos previos sobre investigación de abusos durante el conflicto, según la Comisión Nacional de la Verdad y la Reconciliación, que estima que entre 1980 y 2000 murieron cerca de 70.000 personas y más de 20.000 desaparecieron. Los tribunales peruanos han resuelto definitivamente cerca de 150 casos, mientras que más de 600 aún están pendientes.