El ejecutivo brasileño ha expresado su rechazo a las sanciones o amenazas que comprometan su sistema democrático, tras declaraciones desde la Casa Blanca este martes, donde aseguraron que no dudarán en actuar de esa manera para «proteger la libertad de expresión», justificación que emplean en apoyo al exmandatario de Brasil, Jair Bolsonaro, actualmente enjuiciado por un supuesto intento de golpe de Estado después de que Luiz Inácio Lula da Silva ganara las elecciones a finales del 2022.
Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, se emitió una declaración donde se «condena el uso de sanciones económicas o amenazas de fuerza contra nuestra democracia».
Este organismo también ha mostrado su oposición a «el intento de fuerzas antidemocráticas de utilizar gobiernos extranjeros para coaccionar a las instituciones nacionales», haciendo referencia al exlíder brasileño y a su hijo, el congresista Eduardo Bolsonaro, quienes enfrentan acusaciones por obstrucción judicial debido a su supuesta implicación en financiar esquemas para obstaculizar la investigación del golpe de Estado desde Estados Unidos.
Adicionalmente, afirmaron que «los tres poderes del Estado no se dejarán intimidar ante ningún ataque a nuestra soberanía», tras recalcar su compromiso de «defender la democracia y respetar la voluntad popular expresada en las urnas», lo que consideran un «primer paso para proteger la libertad de expresión».
Estas aseveraciones del cuerpo diplomático brasileño surgen luego de que Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, mencionara el juicio contra Bolsonaro en una conferencia de prensa, donde declaró que «el presidente (Donald) Trump no teme usar el poder económico y militar de Estados Unidos para proteger la libertad de expresión en todo el mundo».
«No tengo ninguna medida adicional (contra Brasil) que presentarles hoy. Pero puedo asegurarles que esta es una prioridad para el Gobierno (de Estados Unidos)», comentó en coincidencia con el juicio a Bolsonaro, y tras las sanciones impuestas por Washington a al menos uno de los jueces del Tribunal Supremo y relator del caso, el magistrado Alexandre de Moraes, además de la aplicación de aranceles del 50 por ciento a las importaciones del país sudamericano.