Brasil se opone a un proyecto de ley que podría permitir la intervención de otros países

El Gobierno de Brasil, liderado por Luiz Inácio Lula da Silva, se ha posicionado firmemente en contra de un proyecto de ley pendiente de votación en la Cámara de Diputados, que trataría de igualar el crimen organizado con el terrorismo, lo que podría abrir las puertas a la intervención de naciones extranjeras en asuntos internos brasileños.

“El terrorismo tiene un objetivo político e ideológico y, según el Derecho Internacional, proporciona cobertura a otros países para que intervengan en nuestro país. No estamos de acuerdo con eso”, declaró Gleisi Hoffmann, ministra de Relaciones Institucionales, según informes de la Agencia Brasil sobre la iniciativa promovida por Danilo Forte, del partido Unión Brasil de derecha.

Asimismo, Hoffmann expresó su frustración porque la Cámara ha dejado en espera durante seis meses una enmienda constitucional sobre Seguridad Pública propuesta por el Ejecutivo en abril, diseñada para reducir la burocracia y aumentar la eficacia en la lucha contra organizaciones criminales, facilitando una mayor colaboración entre las instituciones y el Gobierno.

“Aún no ha tomado medidas al respecto. Se encuentra en la comisión especial, y espero que el ponente investigue a fondo su informe para que podamos aprobarlo lo antes posible, dándonos las condiciones para llevar a cabo operaciones integradas”, añadió la ministra.

El Gobierno también ha propuesto una legislación que intensifica la batalla contra el crimen organizado, incluyendo penas más severas para líderes y miembros de estas agrupaciones.

La lucha contra el crimen organizado ha ganado prominencia en el debate público en Brasil, especialmente tras una reciente operación policial en dos favelas de Río de Janeiro que resultó en 121 fallecidos, incluyendo dos menores y más de cincuenta personas sin órdenes judiciales previas, aunque vinculadas al 95% con grupos armados según las autoridades.

Cláudio Castro, gobernador de Río, ha defendido esta operación, al igual que otros gobernadores de derecha en diferentes estados, a pesar de las críticas a la normativa que regula la actuación policial para prevenir ilegalidades y reducir la letalidad.