El Gobierno de Brasil ha instado a Estados Unidos a reevaluar su decisión de iniciar una investigación sobre las prácticas comerciales brasileñas, un movimiento anunciado por Washington en julio tras aplicar tarifas del 50% a productos de Brasil, calificadas por autoridades de este último como acusaciones ‘improcedentes’.
Desde el Ministerio de Exteriores de Brasil, se remitió un documento al Departamento del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) este lunes, asegurando que ‘prueba que las políticas brasileñas investigadas son transparentes, no discriminatorias y cumplen plenamente con las mejores prácticas internacionales y las obligaciones del país ante la Organización Mundial del Comercio (OMC)’.
La cartera de exteriores brasileña ha promovido el uso del diálogo, destacando: ‘Brasil sigue abierto a las consultas y reafirma su compromiso de resolver las preocupaciones comerciales a través de medios cooperativos y legales’.
Además, el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva ha expresado que no acepta ‘la validez o jurisdicción’ de las acciones iniciadas por la administración de Donald Trump fuera de los marcos de la OMC.
La investigación estadounidense busca determinar si las prácticas comerciales de Brasil limitan de manera injusta las exportaciones estadounidenses en áreas como el comercio digital, tarifas preferenciales, aplicación de leyes anticorrupción, protección a la propiedad intelectual, comercio de etanol y deforestación ilegal. La USTR argumenta que ‘Brasil puede socavar la competitividad de las empresas estadounidenses que operan en estos sectores, por ejemplo, tomando represalias contra ellas por no censurar el discurso político’, refiriéndose a una decisión del Tribunal Supremo de Brasil.
Por otro lado, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental ha criticado al juez Alexandre de Moraes por imponer restricciones a las plataformas de redes sociales de EE. UU. en Brasil y ha declarado que ‘es tóxico para todas las empresas y personas legítimas que buscan acceder a Estados Unidos y sus mercados’. En un mensaje en la red social X, la entidad estadounidense ha subrayado que ‘ningún tribunal extranjero puede invalidar las sanciones estadounidenses ni eximir a nadie de las graves consecuencias de violarlas’, advirtiendo que ‘los no estadounidenses deben actuar con cuidado: quienes brindan apoyo material a violadores de los Derechos Humanos enfrentan riesgos de sanciones’.