La Comisión Europea ha presentado este jueves una propuesta de reforma para unificar en toda la Unión Europea la definición de los delitos vinculados al tráfico de armas de fuego. El objetivo es fijar un marco común de sanciones y perseguir como delito la creación, compra, posesión y difusión ilícita de planos destinados a la impresión 3D de armas de fuego.
Bruselas plantea igualmente fijar umbrales mínimos compartidos para las penas máximas aplicables a los delitos relacionados con armas de fuego. Así, se prevé castigar con al menos dos años de prisión el diseño, compra, posesión y difusión ilegal de planos 3D; con un mínimo de cinco años de cárcel la tenencia de armas de fuego, componentes esenciales y municiones ilícitas; y con penas de al menos ocho años el tráfico ilegal de armas.
“En el actual contexto geopolítico con amenazas a la seguridad que evolucionan rápidamente, la Unión Europea debe estar plenamente preparada para anticiparse y abordar tanto los riesgos existentes como los emergentes”, ha declarado la vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen.
La comisaria finlandesa ha subrayado que el tráfico ilegal de armas de fuego supone un “peligro grave para la seguridad” de los ciudadanos europeos, un riesgo que se ve “amplificado por las nuevas tecnologías y las redes transfronterizas”.
Por este motivo, el Ejecutivo comunitario propone este nuevo marco legal —que todavía debe ser negociado entre el Parlamento Europeo y el Consejo (los gobiernos) antes de convertirse en normativa— como un instrumento clave para “cubrir los vacíos” generados por la fragmentación de los sistemas penales nacionales, que, según Virkkunen, “son explotados por los criminales y terroristas”.
Además de poner coto a la expansión ilegal de armas producidas con impresoras 3D, la Comisión aprovecha la iniciativa para avanzar en la armonización de un régimen común más amplio contra el tráfico de armas ilícitas. En este sentido, reclama una definición y sanción homogéneas para la compraventa ilegal de armas, así como para la posesión de armas, componentes y municiones.
La propuesta incluye también la creación de un marco común que permita perseguir la falsificación, eliminación o modificación ilícita de las marcas obligatorias que identifican de manera única las armas de fuego y sus componentes esenciales, marcas que actúan como “sello de identificación” durante todo su ciclo de vida.