Este jueves, la Comisión Europea ha destacado que la nueva legislación de Ucrania en materia de anticorrupción, ratificada por la Rada Suprema, resuelve las incertidumbres sobre la autonomía de las agencias anticorrupción del país, modificando las disposiciones adoptadas la semana pasada que habían suscitado críticas de Bruselas por considerarse un retroceso en un área crucial para la integración en la Unión Europea.
«La Rada ha restablecido las garantías fundamentales que aseguran la independencia de los organismos anticorrupción. En nuestra opinión, la nueva ley aborda los retos fundamentales de la independencia de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO)», declaró Guillaume Mercier, portavoz comunitario de Ampliación, en una conferencia de prensa en Bruselas.
Mercier enfatizó que Bruselas revisará en detalle el texto final y subrayó que aunque este conflicto con Kiev se ha resuelto rápidamente, «no es el final del proceso».
«La adhesión de Ucrania requerirá esfuerzos continuos para garantizar una sólida capacidad de lucha contra la corrupción y el respeto del Estado de Derecho. Esperamos que Ucrania cumpla rápidamente esos compromisos y adopte medidas decisivas en materia de Estado de Derecho», añadió.
Este desarrollo se produce después de que la nueva ley ucraniana, que subordinaba la agencia anticorrupción al Fiscal General, nombrado por el Gobierno, alarmara a Bruselas.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se comunicó directamente con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, para expresar las preocupaciones europeas por la limitación de las facultades de estas instituciones.
«Era muy importante expresar las preocupaciones que teníamos, por supuesto, con respecto a las medidas que estaban tomando las autoridades ucranianas», evaluó el portavoz, y valoró que Kiev haya atendido las demandas europeas y aprobado un nuevo marco legal.
Mercier también resaltó una serie de expectativas de Bruselas hacia Ucrania en cuanto a reformas judiciales, como la designación de jueces para el Tribunal Constitucional o la eliminación de enmiendas «problemáticas» al Código Penal. «Es muy importante avanzar en todos esos frentes en diferentes ámbitos del Estado de Derecho», concluyó.
















