El Gobierno de Burkina Faso ha comunicado este lunes que ha expulsado a Carol Flore-Smereczniak, coordinadora residente de Naciones Unidas en el país, acusándola de ser responsable de un informe que «transmite información grave y falsa» sobre la violencia contra los niños en el contexto del conflicto armado.
«Al confirmar unilateralmente información, sin respaldarla con pruebas legalmente aceptables, (…) el Gobierno considera, a la luz de todas las graves discrepancias observadas, y con el fin de preservar y fortalecer los importantes logros de la cooperación entre Burkina Faso y la ONU, que Carol Flore-Smereczniak ha dejado de ser una interlocutora creíble», indica un comunicado oficial.
El documento titulado ‘Los niños y los conflictos armados en Burkina Faso’ critica las acciones militares y políticas y denuncia violaciones contra menores, pero el gobierno de Ouagadougou ha reprochado que no se haya involucrado a las autoridades locales en su redacción, lo que «habría proporcionado una comprensión más completa e imparcial» y que se hayan utilizado datos «sin fuentes objetivas, pruebas ni justificación».
El portavoz gubernamental, Pingdwendé Gilbert Ouedraogo, ha expresado su «indignación por la total indiferencia mostrada hacia las autoridades e instituciones burkinesas, que no participaron en su elaboración ni fueron informadas de las conclusiones del estudio».
Además, ha señalado que el informe «con un estilo narrativo que cita indiscriminadamente a terroristas y a las instituciones de defensa y seguridad de Burkina Faso, este informe, que se asemeja a una compilación de afirmaciones infundadas y falsedades, no incluye en su apéndice copias de informes de investigación ni sentencias judiciales que respalden los presuntos casos de violaciones contra niños atribuidos a valientes combatientes burkineses».
El ejecutivo ha expresado su sorpresa ante la «persistencia de ciertas agencias» de Naciones Unidas en el «uso descuidado y deliberado de terminología ambigua, ocultando un claro deseo de legitimar o reclasificar la barbarie a la que ha sido sometido el pueblo burkinés durante una década». Sin embargo, ha reafirmado su compromiso con los «ideales de la ONU, cuyas contribuciones acoge con satisfacción en el contexto de los desafíos humanitarios y de seguridad, y ha reiterado «su total disposición a cooperar» a través de representantes y equipos en los países «firmemente comprometidos a brindar un apoyo genuino y sincero».
Desde 2015, el aumento de la inseguridad en Burkina Faso, con ataques de filiales de Al Qaeda y Estado Islámico, ha exacerbado la violencia intercomunitaria y ha impulsado la creación de grupos de autodefensa, con el respaldo del Gobierno a ‘voluntarios’.