Las autoridades de Burkina Faso han ordenado la suspensión de la actividad de más de 350 asociaciones por presuntas irregularidades administrativas, apenas una semana después de haber aplicado una medida similar contra cerca de 120 organizaciones de la sociedad civil.
La resolución, firmada por el ministro de Administración Territorial, Émile Zerbo, alcanza a 359 asociaciones señaladas por "no renovar sus estructuras organizativas", motivo por el cual pierden temporalmente la autorización para seguir desempeñando sus funciones.
"La retirada de la suspensión de cada una de las asociaciones afectadas queda subordinada a que obtengan una prueba de renovación", indica el decreto. De acuerdo con el portal de noticias Burkina 24, las entidades afectadas abarcan ámbitos religiosos y culturales, deportivos, sanitarios, sociales y de desarrollo, entre otros.
Estos movimientos de Uagadugú se inscriben en una ley aprobada en julio de 2025 que refuerza las obligaciones administrativas y financieras de las organizaciones civiles, con el objetivo declarado de combatir la corrupción, el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Burkina Faso permanece bajo el control de una junta militar, el Movimiento Patriótico de Salvación y Restauración (MPSR), surgida tras el golpe de Estado de 2022 que llevó al nombramiento como presidente interino de Paul-Henri Sandaogo Damiba, posteriormente depuesto en una segunda asonada que situó al actual presidente de transición, Ibrahim Traoré, al frente del país.
El país africano ya venía sufriendo desde 2015 un notable deterioro de la seguridad, con ataques de filiales de Al Qaeda y Estado Islámico que han alimentado la violencia entre comunidades. Ante este contexto, las nuevas autoridades han prometido una respuesta contundente frente a los grupos yihadistas y al riesgo de expansión de su influencia en el Sahel.