Las autoridades de Burkina Faso han ordenado la suspensión de las actividades de cerca de 120 organizaciones de la sociedad civil, incluidas varias centradas en la defensa de los Derechos Humanos, alegando vulneraciones no detalladas de la normativa vigente.
En un comunicado, el Ministerio de Administración Territorial y Movilidad del país africano ha precisado que la decisión alcanza a 118 asociaciones, “de conformidad con las disposiciones legales aplicables”, y que la medida se aplica desde el mismo momento de su publicación, según ha informado la agencia estatal burkinesa de noticias, AIB.
El departamento ha recalcado que “estas asociaciones tienen prohibido operar en todo el territorio nacional. Quienes infrinjan esta norma estarán sujetos a las sanciones estipuladas en la normativa vigente”, antes de subrayar que las autoridades “saben que pueden contar con el alto sentido del deber cívico y la responsabilidad de todos”.
La decisión de Uagadugú se apoya en una ley aprobada en julio de 2025 que endurece las exigencias administrativas y financieras a las organizaciones civiles, con el argumento oficial de reforzar la lucha contra la corrupción, el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Burkina Faso está bajo el control de una junta militar, el Movimiento Patriótico de Salvación y Restauración (MPSR), surgida tras el golpe de Estado de 2022 que llevó al cargo de presidente interino a Paul-Henri Sandaogo Damiba. Meses después, una nueva asonada lo desplazó del poder y situó al actual presidente de transición, Ibrahim Traoré, al frente del país.
Antes de estos acontecimientos, el país ya sufría desde 2015 un fuerte deterioro de la seguridad, con ataques de ramas locales de Al Qaeda y Estado Islámico que han alimentado la violencia entre comunidades. Frente a este escenario, las nuevas autoridades militares prometieron una respuesta contundente contra los grupos yihadistas y contra el riesgo de expansión de su influencia en el Sahel.