Un tribunal militar de Israel ha impuesto este jueves la pena de cadena perpetua a uno de los cuatro procesados por el asesinato, en 2021, de Yehuda Dimentman, un estudiante de una yeshivá judía a la que el Ejército permitió funcionar de forma irregular en Homesh, un asentamiento construido sobre tierras privadas de palestinos.
Mahmud Jaradat, miembro de una célula de Yihad Islámica, ha sido sentenciado tras ser hallado culpable de varios cargos, entre ellos “causar intencionalmente la muerte” y tráfico de armas, según ha señalado el Ejército israelí en un comunicado difundido en Telegram.
El tribunal ha determinado además que Jaradat deberá abonar una indemnización de dos millones de shekels (unos 540.000 euros) a la familia de Dimentman, así como una compensación adicional a otras dos personas que resultaron heridas en el tiroteo perpetrado en Cisjordania en diciembre de 2021.
La resolución judicial atiende a la solicitud de la Fiscalía de una “pena acordada” con el acusado, después de su “confesión” por el delito de homicidio, de acuerdo con la nota emitida por el organismo militar.
Según el escrito de acusación, Jaradat y otro atacante, también vinculado a Yihad Islámica, abrieron fuego —“unas 20 balas cada uno”— contra un vehículo próximo al puesto de Homesh, causando la muerte del estudiante, de 25 años, y dejando heridas a otras dos personas.
Tras el ataque, ambos huyeron del lugar junto a un tercer integrante de la célula hasta un coche en el que les aguardaba un cuarto implicado, menor de edad, tal y como recoge el diario “The Times of Israel”. El procedimiento judicial contra estos otros tres sospechosos continúa en marcha.
Homesh fue levantado sobre terrenos privados palestinos y fue desalojado inicialmente junto con otros tres asentamientos cuando Israel se retiró de la Franja de Gaza en 2005, tras la aprobación de una ley que prohibía la entrada al área de ciudadanos israelíes sin un permiso específico, algo que no ha impedido que colonos hayan vuelto a establecerse en la zona.
La comunidad internacional considera ilegales todos los asentamientos israelíes en Cisjordania conforme al Derecho Internacional, aunque las autoridades de Israel distinguen entre aquellos a los que han otorgado autorización oficial y los que carecen de ella.