El sábado, Gavin Newsom, gobernador de California, ratificó una ley que prohíbe a los agentes de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cubrirse el rostro durante sus operativos en el territorio californiano. Esta medida forma parte de un conjunto más amplio de regulaciones diseñadas para hacer frente al incremento de acciones federales consideradas excesivas y abordar las tácticas de ‘policía secreta’ impulsadas por el presidente Donald Trump y su asesor Stephen Miller.
“La agenda de inmigración de Trump y Stephen Miller se fundamenta en cuotas arbitrarias y escasas protecciones para la justicia o el debido proceso”, explicó la oficina de Newsom. “En California, sus estrategias han infundido terror en las comunidades, traumatizado a estudiantes, interrumpido actividades empresariales y comprometido la seguridad pública de los ciudadanos estadounidenses”, justificó Newsom al presentar la nueva normativa.
La ley también exige que los agentes federales, incluidos los de inmigración, se identifiquen claramente, restringiendo significativamente el uso de máscaras y limitando su acceso a las escuelas y zonas no públicas de los hospitales. “Que las escuelas y los hospitales continúen siendo espacios de cuidado, no de caos”, añadió el gobernador.
Desde el regreso de Trump a la presidencia en enero de 2025, su gobierno revocó algunas normas que protegían estos lugares de intervenciones migratorias. Ante esta situación, Newsom ha defendido que era imprescindible implementar estas nuevas regulaciones para mantener los hospitales y las escuelas como lugares seguros y libres de tensión y miedo.
Recientemente, el ICE ha aumentado sus operaciones contra inmigrantes irregulares en ciudades como Los Ángeles y Washington. Esta entidad, parte del Departamento de Seguridad Nacional, ha sido criticada por realizar redadas con agentes que ocultan sus rostros, provocando severas críticas de organizaciones de derechos humanos.
En las redes sociales se han difundido vídeos donde se observa a agentes federales, a menudo con capuchas, movilizándose en vehículos no identificados por áreas residenciales. Los detractores han comparado estas acciones con ‘secuestros’ realizados a plena luz del día.
Esta ley surge tras un período de alta tensión entre el gobierno federal y el estatal, y después de que un tribunal federal en California, a principios de septiembre, declarara ilegal la orden de Trump de desplegar a la Guardia Nacional y los Marines en Los Ángeles para contener protestas desencadenadas por las redadas migratorias.
El juez Charles Breyer concluyó que la administración central había infringido una ley del siglo XIX que prohíbe el uso de fuerzas militares en territorio estadounidense para asuntos de seguridad interna, según reportó CBS News. Breyer tomó esta decisión en respuesta a una demanda interpuesta en junio por Gavin Newsom, quien había acusado a Trump de exceder sus facultades por motivos políticos, en un enfrentamiento que se ha extendido a otros lugares como Washington DC.











