Este lunes, la Cámara de Representantes de Filipinas ha hecho un llamamiento al Tribunal Supremo para que anule su veredicto de invalidez respecto al procedimiento de destitución contra la vicepresidenta, Sara Duterte, quien enfrenta acusaciones de corrupción y complot.
En una extensa moción de 61 páginas, la Cámara instó al Tribunal a revertir su sentencia, que había declarado inconstitucional el juicio político a Duterte por no adherirse a la normativa que impide más de un proceso de destitución contra un mismo oficial en un solo año.
Detalles del Fallo y Reacciones
El Tribunal había señalado previamente que se habían interpuesto cuatro peticiones contra ella en el último año, tres provenientes de organizaciones civiles y una de la propia Cámara Baja, todas alegando corrupción, malversación de fondos públicos y conspiración para cometer un magnicidio.
La decisión judicial no exoneraba a Duterte de ‘ninguno de los cargos’, aunque establecía que cualquier nueva solicitud para su destitución, que requiere el respaldo de un tercio de los diputados para avanzar al Senado, no podría ser presentada hasta el 6 de febrero de 2026.
Por su parte, la Cámara Baja ha desestimado tres de las solicitudes de destitución y ha hecho referencia al artículo 11 de la Constitución, que dicta que los funcionarios deben ‘en todo momento rendir cuentas al pueblo’, como reportó el diario Philippine Star’.
La vicepresidenta, hija del exmandatario Rodrigo Duterte, ha rechazado las acusaciones, describiéndolas como parte de una persecución política en represalia por sus profundas diferencias con su anterior aliado, el presidente Ferdinand Marcos Jr., a quien ha acusado de ‘estafado’ durante su propuesta para acompañarlo en las elecciones de 2022.
Además, Duterte ha llegado a amenazar de muerte al presidente tras alegar que estaba siendo blanco de un plan para asesinarla, incluyendo la contratación de un presunto asesino a sueldo para eliminarla.