QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha dado este miércoles su visto bueno al paquete anual de financiación militar, un texto que autoriza hasta 900.000 millones de dólares (casi 770.000 millones de euros) e incorpora subidas de sueldo para las tropas y ayuda militar destinada a Ucrania. La norma también contempla la posibilidad de bloquear parte del presupuesto de viajes del jefe del Pentágono, Pete Hegseth, si no se entregan imágenes en bruto de los ataques contra supuestas narcolanchas.
El conjunto de medidas, conocido como Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA), ha salido adelante en la Cámara Baja con 312 votos favorables y 112 en contra, de los que 94 proceden del Partido Demócrata. Si el Senado otorga igualmente su ‘luz verde’, el texto se traducirá, además de en las medidas ya citadas, en nuevas restricciones a las inversiones estadounidenses en China y en la derogación completa de las sanciones a Siria, entre otros cambios de política.
El proyecto incorpora asimismo el ultimátum planteado la víspera al secretario de Defensa, Pete Hegseth, que prevé retener parte de su presupuesto para desplazamientos en caso de que no facilite las imágenes sin editar de las operaciones del Ejército contra presuntas narcolanchas en el Caribe, junto con las órdenes que las autorizaron. Esta cláusula llega tras la polémica generada por un segundo bombardeo contra los supervivientes de uno de estos ataques.
Dicha disposición se apoya en la confirmación por parte del Pentágono de un segundo ataque aéreo contra la primera embarcación alcanzada por las Fuerzas Armadas estadounidenses, que argumentaron que transportaba drogas. El primer bombardeo mató a nueve de los once tripulantes y dejó la nave gravemente dañada, mientras que un segundo ataque acabó con la vida de los dos supervivientes, a pesar de que el Manual de la Armada prohíbe expresamente las acciones cuyo objetivo sea eliminar a quienes han sobrevivido a un ataque inicial.
Pese a las críticas, Washington ha defendido la legalidad de la operación, ordenada por el almirante Frank Bradley, comandante de Operaciones Especiales, con la autorización del secretario de Defensa. El presidente, Donald Trump, ha dejado en manos de Hegseth la decisión de publicar o no los vídeos, y el jefe del Pentágono se ha mostrado hasta ahora reacio a hacerlos públicos.
Hasta el momento, Estados Unidos ha llevado a cabo 22 bombardeos contra embarcaciones en el mar Caribe y en el Pacífico oriental, con un balance de al menos 86 fallecidos. Hegseth afirmó la semana pasada que éstos “apenas han comenzado”.
Polémica por el acceso militar al espacio aéreo de Washington
Otra de las disposiciones incluidas en el paquete figura en la sección 373, que, según ha denunciado la presidenta de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), Jennifer Homendy, concede a las Fuerzas Armadas acceso sin restricciones al espacio aéreo sobre Washington y les permite realizar misiones de entrenamiento en esa zona.
“La NTSB se opone vehementemente” a esta disposición, ha afirmado, en declaraciones recogidas por el portal de noticias The Hill, lamentando que la medida deshace los cambios de seguridad introducidos tras la colisión entre un vuelo de American Airlines y un helicóptero del Ejército cerca del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington el 29 de enero, en la que murieron 67 personas.
Tras ese siniestro, cuya investigación continúa abierta, la Administración Federal de Aviación (FAA) y el Departamento de Defensa acordaron que las aeronaves militares transmitieran de forma obligatoria su posición en el espacio aéreo de Washington, un requisito que desaparecería con la nueva legislación.
Para Homendy, la sección, que ha calificado como “vergonzosa”, “es un retroceso de seguridad muy significativo”, porque, según ha subrayado, “representa un riesgo inaceptable para los pasajeros, para las aeronaves comerciales y militares, sus tripulaciones y para los residentes de la región”.
“Deberíamos trabajar juntos para prevenir el próximo accidente, no para que la historia se repita recreando las mismas condiciones que existían el 29 de enero”, ha señalado, denunciando que la NTSB no ha sido “consultada sobre este texto”.
En la misma línea se ha manifestado la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, que ha difundido en la red social X un comunicado en el que expresa su “profunda” preocupación por este apartado del proyecto de ley y reclama al Congreso que lo retire “y a seguir las recomendaciones de los expertos en seguridad”.
“Tras el trágico accidente aéreo sobre el río Potomac en enero, agencias federales, como la NTSB y el Departamento de Transporte emitieron recomendaciones urgentes de seguridad e implementaron medidas para proteger a todos los que vuelan hacia y desde la capital de nuestro país. Esta disposición ignora esos esfuerzos y revierte el progreso que hemos logrado”, ha añadido, lamentando que “ahora queda claro que esta disposición se incluyó sin considerar la seguridad de los residentes, visitantes y personal militar de Washington”.
