El máximo órgano judicial de Brasil, el Supremo Tribunal Federal (STF), ha dictado condena contra Carmen Zambelli, diputada alineada con Bolsonaro, imponiéndole una pena de cinco años y tres meses de prisión. Los cargos son por posesión ilegal de arma de fuego y coacción ilegal mediante uso de arma, relacionados con un suceso previo a la segunda vuelta electoral de 2022 en São Paulo, donde la legisladora extrajo un arma y persiguió a un periodista tras un enfrentamiento verbal durante un evento político.
La decisión, adoptada virtualmente, fue avalada por nueve votos a favor y dos en contra, aunque aún permite recurso de apelación por parte de Zambelli ante el mismo STF.
Los jueces Nunes Marques y André Mendonça, quienes votaron en disconformidad, propusieron absolver a Zambelli del cargo de posesión ilegal de arma. Marques sugirió adicionalmente recategorizar el delito de coacción, reduciéndolo a la categoría de ejercicio arbitrario de la propia voluntad, lo que eliminaría la condena. Por otro lado, Mendonça recomendó una pena de ocho meses en régimen abierto por el delito de coacción ilegal, según informa la Agencia de Brasil.
«La congresista reafirma su inocencia y que es víctima de persecución política, justo en vísperas de su solicitud de extradición, en un juicio récord», declaró Fábio Pagnozzi, abogado de Zambelli, mostrando su «profundo desacuerdo» con la decisión de los magistrados del STF y la «sorpresa» de su defendida frente a la condena, que será «firmemente impugnada».
Esta es la segunda condena que recibe Carmen Zambelli del alto tribunal brasileño. La diputada fue arrestada el mes pasado en Roma, intentando eludir una orden de arresto vinculada a otra causa donde fue condenada a 10 años por su rol en el ‘hackeo’ del sistema del Consejo Nacional de Justicia (CNJ) en 2023. Se la considera la autora intelectual del ciberataque que resultó en una orden de arresto falsa contra el juez Alexandre de Moraes, con la cooperación del ‘hacker’ Walter Delgatti.
Tras su fuga a Italia usando su doble nacionalidad, el Gobierno brasileño ha pedido oficialmente su extradición el 11 de junio pasado, proceso gestionado por el Ministerio de Asuntos Exteriores con el gobierno italiano. Sin embargo, la diputada busca permanecer en el país europeo, adonde llegó desde Estados Unidos, después de cruzar la frontera de Brasil con Argentina.