La administración dominicana ha clasificado al Cártel de los Soles como una entidad terrorista, siguiendo las pautas establecidas por los Estados Unidos, una postura que recientemente también han tomado otros países latinoamericanos como Argentina y Ecuador.
Desde la Presidencia se ha explicado esta medida basándose en la Constitución del país, destacando que la Carta Magna «establece como objetivo de alta prioridad el combate de las actividades criminales transnacionales que pongan en peligro los intereses del país, así como la paz, estabilidad y seguridad tanto nacional como regional».
Consecuentemente, se ha ordenado a todas las agencias de seguridad y de inteligencia implementar «las medidas apropiadas» para evitar cualquier futura amenaza del Cártel de los Soles en territorio dominicano o contra sus intereses en el extranjero.
Este movimiento también implica la posibilidad de «sanciones y medidas de cooperación» en contra de este grupo, considerado por la gestión de Donald Trump bajo la responsabilidad directa del presidente venezolano, Nicolás Maduro.