La justicia italiana ha cerrado el caso contra Giorgia Meloni, primera ministra, relacionado con la repatriación de Osama al Masri, ex jefe de la Policía judicial de Libia y sospechoso de crímenes de guerra y contra la humanidad, quien había sido liberado en Italia debido a errores en el proceso.
Meloni ha señalado que la decisión de archivar su caso se debe a que no fue informada ‘con antelación’ y no consintió ‘la decisión tomada’, por lo cual no tuvo un rol activo en las decisiones de repatriación. ‘Deduzco que se solicitará autorización para proceder contra los ministros (del Interior, Matteo) Piantedosi y (de Justicia, Carlo) Nordio, así como el secretario (de Estado, Alfredo) Mantovano’, indicó.
Varios integrantes de su gabinete ‘actuaron en este asunto tan grave sin compartir’ las decisiones con ella, lo cual Meloni calificó de ‘completamente absurdo’, destacando la cohesión de su Gobierno y el consenso en las decisiones críticas. ‘Por tanto, es absurdo pedir que sean juzgados y yo no’, enfatizó.
Además, reafirmó que ‘las acciones de todo el Ejecutivo han tenido como única brújula la protección de la seguridad de los italianos’, declaración que hizo pública y ante el Parlamento italiano tras conocerse la investigación.
La Fiscalía italiana había iniciado una investigación en enero contra Meloni y otros altos cargos gubernamentales por este caso. El mismo Al Masri, vinculado a la milicia Fuerza de Disuasión (Rada), fue capturado en Turín durante un evento deportivo. Está imputado por el TPI por diversos crímenes cometidos en Libia desde febrero de 2015.
El TPI ha solicitado aclaraciones a Italia sobre este caso y ha recordado su obligación bajo el Estatuto de Roma de cooperar en las investigaciones y procesos judiciales de crímenes internacionales, implicando una consulta necesaria ante cualquier contratiempo o decisión.