La primera gran movilización contra el recién estrenado Gobierno de Chile encabezado por el derechista José Antonio Kast ha concluido con 14 personas detenidas, tras registrarse duros enfrentamientos entre estudiantes y la Policía en Santiago de Chile, que han provocado importantes incidencias en el funcionamiento del transporte público de la capital.
De acuerdo con la información facilitada por las autoridades chilenas, “un grupo de sujetos encapuchados” lanzó “elementos contundentes” contra efectivos de Carabineros de Control de Orden Público en una transitada intersección del centro, poniendo en riesgo la “integridad de los transeúntes”. Después de un segundo choque con los agentes, la Policía activó un operativo para “repeler a los manifestantes violentos”, en el que se utilizó incluso un camión lanza-agua contra los congregados, según recoge el diario 'La Tercera'.
A este mismo grupo se le responsabiliza de otros incidentes, como el lanzamiento de vallas de seguridad, la colocación de barricadas y actos de vandalismo contra la instalación de una estatua en la Plaza Baquedano, tradicional punto neurálgico de las concentraciones en Santiago de Chile y escenario de las multitudinarias protestas sociales de finales de 2019.
En este contexto, Kast ha pedido moderación a los convocantes y asistentes. “Hago un llamado a todos los jóvenes, a todas las personas que se ven afectadas directamente por esto, no afectemos más a la patria de lo que ya está afectada. Si alguien quiere manifestar su malestar, que no use el transporte público, sobre todo el Metro, para manifestarse”, ha afirmado el mandatario, reclamando que las movilizaciones no “dañen a otros compatriotas que requieren ese transporte”. La protesta obligó al cierre de varias estaciones de Metro y al desvío del tráfico rodado en distintos puntos de la ciudad.
Por su parte, el subsecretario de Interior, Máximo Pavez, responsable del operativo de seguridad, ha apelado a que las manifestaciones se desarrollen de manera pacífica, sin destrozos ni alteraciones del orden. “El gobierno no tiene que evaluar la motivación política de las marchas o las convocatorias, sino asegurar la tranquilidad de los chilenos”, ha señalado, subrayando que la libertad de expresión “es bienvenida”, “en la medida en que se realice conforme al respeto de la propiedad pública y privada”.