El director del Servicio Nacional de Migraciones de Chile, Frank Sauerbaum, ha comunicado que el Gobierno del ultraderechista José Antonio Kast pondrá en marcha un despliegue de funcionarios con el objetivo de “fiscalizar” a las compañías que den empleo a migrantes en situación irregular.
“No va a ser una caza de brujas ni mucho menos, pero vamos a tratar de estar desplegados en las empresas en donde nosotros sepamos que se incurre (en estas prácticas) con más frecuencia”, ha indicado en una entrevista concedida a un programa del diario ‘La Tercera’, subrayando además que la intención es que esta política no resulte “punitiva”, sino principalmente “disuasoria”.
En sus declaraciones, Sauerbaum ha detallado que, en la actualidad, entrar de forma ilegal a Chile constituye “una simple falta” y no un delito, y ha apuntado que muchas empresas respetan la normativa laboral, pero no la legislación migratoria. “La inspección del trabajo no le pregunta (a las empresas) la situación migratoria (de sus trabajadores)”, ha recordado.
El responsable de Migraciones ha revelado también que el Gobierno del expresidente Gabriel Boric dejó preparado un decreto “una semana antes de dejar el cargo” para regularizar a unas 182.000 personas empadronadas tras haber accedido al país de manera irregular. No obstante, el Ejecutivo del nuevo presidente José Antonio Kast ha decidido frenar dicha iniciativa.
“De esas 182.000, 6.000 personas tienen un problema judicial o un problema con la justicia o han cometido delitos”, ha precisado, añadiendo que la propuesta de Boric finalmente no se implementó “porque produjo un rechazo de la ciudadanía muy importante”.
Durante la campaña electoral, Kast se comprometió a expulsar a unos 337.000 migrantes irregulares, en su mayoría de nacionalidad venezolana. Su Administración ha planteado endurecer el marco legal, castigando a quienes faciliten el ingreso irregular al territorio chileno y tipificando como delito la entrada ilegal al país.
Poco después de asumir la Presidencia, Kast se desplazó a la región de Arica, en las proximidades de la frontera con Perú, para dar inicio a las obras de construcción de barreras destinadas a frenar la llegada de migrantes irregulares al norte de Chile.