El Ejecutivo chino ha confirmado este lunes que ha dejado sin efecto la sentencia de pena de muerte impuesta a un ciudadano canadiense acusado de tráfico de drogas, pocas semanas después del desplazamiento a China del primer ministro de Canadá, Mark Carney, un movimiento que contribuye a aliviar la crisis diplomática abierta entre Pekín y Ottawa a raíz de este caso.
“Hemos sabido que las autoridades judiciales chinas competentes revisaron recientemente el caso de la pena de muerte y emitieron una resolución. Para cualquier detalle concreto, le remitiría a las autoridades competentes”, ha indicado en una comparecencia ante la prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores, Lin Jian, al ser cuestionado por la situación de Robert Lloyd Schellenberg.
El ciudadano canadiense había sido sentenciado a la pena capital tras un prolongado itinerario judicial con hasta tres vistas, después de que un tribunal ordenara repetir el juicio por insuficiencia de pruebas. A Schellenberg se le vinculaba con una operación para introducir 222 kilos de metanfetamina desde territorio chino hacia Australia.
“Las autoridades judiciales chinas tramitan el caso y dictan la resolución de manera independiente, de conformidad con la ley”, ha subrayado el portavoz, una vez que el Tribunal Supremo de China decidió anular el fallo condenatorio para que se celebre un nuevo juicio, aún sin fecha señalada.
La decisión contribuye a desescalar el enfrentamiento diplomático entre China y Canadá, después de que el expediente de Schellenberg fuera duramente criticado por las autoridades canadienses durante el mandato de Justin Trudeau. La revisión de la pena de muerte se produce pocas semanas después de la visita oficial de Carney a Pekín para entrevistarse con el presidente Xi Jinping, un viaje que las autoridades chinas describieron como “punto de inflexión” en los lazos bilaterales y un “símbolo” de las “buenas intenciones” de ambos países.
Se trató de la primera visita en ocho años de un jefe de Gobierno canadiense a China y tuvo lugar en un contexto de fuertes fricciones con Estados Unidos por las aspiraciones del entonces presidente Donald Trump de ejercer un mayor control sobre Groenlandia, territorio semiautónomo de Dinamarca. Este movimiento fue interpretado como un gesto de acercamiento de Ottawa hacia Pekín frente a las presiones de Washington, que expresó su malestar por el viaje.