QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha exigido a Israel que autorice sus inspecciones a prisioneros palestinos, tras la aprobación por parte del gobierno israelí de una normativa el miércoles que impide estas visitas. La nueva ley sobre “combatientes ilegales” argumenta que estas podrían perjudicar la “seguridad” nacional, aunque aún no se han proporcionado detalles sobre la amplitud de esta decisión.
“El CICR ha pedido de forma pública y en repetidas ocasiones ser notificado y tener permiso para visitar a palestinos bajo detención israelí”, afirmó un portavoz en declaraciones a Europa Press, destacando que “el propósito de estas visitas a centros de detención y a los privados de su libertad es puramente humanitario”.
El portavoz del CICR enfatizó que el fin de la organización es “evaluar el trato y las condiciones de los detenidos” y “trabajar con las autoridades encargadas de las detenciones para asegurar que estas condiciones se alineen con las normas internacionales”, además de “restablecer el contacto entre los detenidos y sus familias”.
Por su parte, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, declaró que “las opiniones presentadas (a su oficina) no dejan duda alguna de que las visitas de representantes del CICR a terroristas en prisiones dañaría gravemente la seguridad del Estado”, lo que le llevó a firmar una orden que prohíbe estas actividades.
“La seguridad del Estado y nuestros ciudadanos es lo primero”, indicó el ministro sobre la medida, que afectará a miles de presos listados en un registro “confidencial” relacionado con la orden firmada por Katz, sin especificación de los individuos afectados.
En respuesta, el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) calificó esta acción como “una violación de un derecho fundamental” de los palestinos encarcelados en Israel, y criticó que “se suma a una serie de violaciones criminales sistemáticas a las que están sometidos, como asesinatos, torturas, inanición, negligencia médica y ocultamiento de información”.
Hamás ha solicitado a la comunidad internacional y a las organizaciones humanitarias que “intervengan para detener estas brutales medidas contra los prisioneros palestinos, que constituyen una flagrante violación del Derecho Internacional Humanitario y del Tercer Convenio de Ginebra”, sobre el tratamiento de los prisioneros de guerra.
