El domingo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su rechazo a la reciente ley de amnistía implementada por la presidenta de Perú, Dina Boluarte, argumentando que beneficia a torturadores, violadores, asesinos, y señaló que los jueces no deberían aplicarla por ser incontistucional.
Andrea Pochak, presidenta de la CIDH, en una entrevista con ‘La República’, destacó el frecuente incumplimiento de Perú a las directrices del organismo, con más de 20 incidentes registrados, situándolo como uno de los países con más desacatos.
Desde hace más de dos décadas, la CIDH ha mantenido su postura contra la amnistía para crímenes de lesa humanidad, al considerar que son incompatibles con la Convención Americana y no pueden estar vigentes. Pochak hizo referencia a las sentencias de Barrios Altos y La Cantuta emitidas por la Corte Interamericana desde el año 2001, y mencionó el rechazo al indulto de Alberto Fujimori en diciembre de 2023 y a la ley de prescripción de delitos de lesa humanidad promovida el año pasado.
Finalmente, la presidenta Boluarte defendió la ley calificándola de histórica y rechazó cualquier interferencia externa, mientras que el Congreso había aprobado el proyecto a principios de julio. La CIDH solicitó a Perú que se abstuviera de implementar la ley hasta evaluar su compatibilidad con órdenes previas sobre la investigación de abusos durante el conflicto armado.
Según la Comisión Nacional de la Verdad y la Reconciliación, entre 1980 y 2000, aproximadamente 70.000 personas fallecieron y más de 20.000 fueron reportadas como desaparecidas en Perú. Hasta la fecha, los tribunales peruanos han resuelto definitivamente alrededor de 150 casos, mientras que más de 600 aún están pendientes.