La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha activado medidas cautelares en favor de dos destacados opositores en El Salvador, ambos actualmente encarcelados, solicitando al gobierno salvadoreño que asegure la protección de sus derechos humanos. Estos opositores han sido identificados como el abogado constitucionalista Salvador Enrique Anaya Barraza y Ruth López, líder de la Unidad de Justicia y Anticorrupción de la Fundación Cristosal, quienes se encuentran sin posibilidad de comunicación.
La CIDH ha calificado la situación de ambos como de ‘gravedad y urgencia’, dado que sus derechos fundamentales, incluyendo la vida y la integridad física, están potencialmente amenazados de daño irreparable dentro del sistema penal salvadoreño. En respuesta, se han establecido medidas cautelares para intentar garantizar su bienestar, según se detalla en un comunicado oficial de la Comisión.
Anaya, detenido desde junio y sin acceso a comunicación, ‘sin que sus familiares y abogados conozcan sus condiciones de detención o estado de salud pese a las decisiones judiciales tomadas a su favor’. A pesar de su aislamiento, se menciona que puede recibir alimentos especiales adaptados a sus necesidades de salud, suministrados por sus familiares. Las autoridades salvadoreñas, sin embargo, sostienen que no existen evidencias de un ‘riesgo real a la integridad física o mental del beneficiario que no pueda ser prevenido o reparado por los mecanismos nacionales’.
Ruth López, aprehendida en mayo, se encuentra recluida en el Centro Penitenciario para Mujeres Granja de Izalco, también incomunicada. Similar a Anaya, no hay claridad sobre su condición actual ni sobre su estado de salud.