QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha solicitado al presidente salvadoreño, David Bukele, que concluya con el estado de excepción que ha estado en vigor durante más de tres años, mostrando su ‘preocupación por la prolongada extensión y aplicación indebida’ tras la 41ª prolongación aprobada por el Parlamento a finales de julio pasado.
‘Preocupa a la Comisión que disposiciones del régimen de excepción y otras medidas para la lucha contra la criminalidad organizada estén siendo aplicadas a situaciones que no guardan relación con los motivos alegados por el Estado para su implementación’, indicó la CIDH en un comunicado, mencionando además la detención de varios defensores de Derechos Humanos durante este año.
En referencia a casos específicos, la Comisión mencionó a Enrique Anaya, Ruth López, Alejandro Henríquez, José Ángel Pérez y Fidel Zavala, criticando que ‘se les impuso la prisión provisional sin considerar las particularidades de sus circunstancias, están actualmente incomunicadas y con los procesos bajo reserva’.
‘Así también, la Comisión recibió información sobre la incomunicación de personas salvadoreñas y de otras nacionalidades que están o estuvieron detenidas en el país tras haber sido deportadas o expulsadas a El Salvador en el trascurso de este año’, agregó la entidad.
La CIDH ha remarcado la necesidad de que el Gobierno de El Salvador, que justifica el estado de excepción como un medio para combatir la violencia de las pandillas, ‘cumplir con su obligación de asegurar las garantías judiciales a todas las personas detenidas y abstenerse de de aplicar medidas excepcionales restrictivas a los Derechos Humanos a situaciones ajenas a las estrictamente justificadas bajo estándares internacionales’.
Además, ha exhortado a las autoridades a finalizar ‘la suspensión de los derechos y garantías’ incluidas en el régimen de excepción, que se espera expire el próximo 2 de septiembre, y a desarrollar una política de seguridad que aborde ‘las causas y consecuencias de la criminalidad, basada en evidencias, con enfoque en Derechos Humanos’.
En un informe de 2024, la CIDH destacó ‘el descenso significativo en los índices de violencia reportados por el Estado’, aunque señaló que ‘no observaba la situación de emergencia requerida (…) para mantener derechos suspendidos en el país’.
Más de 88.000 personas han sido detenidas desde la instauración del estado de excepción en marzo de 2022. Organizaciones civiles han reportado ante la CIDH aproximadamente 7.000 casos de violaciones de Derechos Humanos, incluidas detenciones ilegales y arbitrarias, tortura y la muerte de más de 400 detenidos bajo custodia estatal.
