El recién conformado gabinete encabezado por la primera ministra de Perú, Denisse Miralles, cuenta con al menos cinco ministros bajo la lupa de la Justicia por distintas irregularidades. La propia Miralles figura entre los investigados por presuntos delitos ambientales cometidos cuando dirigía una agencia de inversión, mientras intenta ahora conseguir el voto de confianza del Congreso.
El equipo de Miralles estuvo rodeado de controversia desde el primer día. La primera crisis estalló nada más tomar posesión, después de que el economista Hernando de Soto, inicialmente anunciado como primer ministro, fuera apartado apenas dos días más tarde por desavenencias con el presidente de Perú, José Bálcazar, octavo mandatario que pasa por el cargo en la última década.
Las causas que afectan al Gobierno de Miralles alcanzan a los titulares de Justicia, Vivienda, Interior y Educación, con expedientes que, según la prensa peruana a partir de sus declaraciones juradas, abarcan desde falsificación de documentos y colusión agravada hasta delitos tan graves como el genocidio.
El ministro del Interior, Hugo Begazo, se encuentra investigado por la presunta falsificación de un documento público. Se le imputa haber firmado una declaración jurada para facilitar el saneamiento de una comisaría en el distrito limeño de Santa Anita cuando ejercía como responsable policial en esa zona.
Por su parte, el ministro de Justicia, Luis Enrique Jiménez Borra, acumula tres investigaciones en la Fiscalía: una por colusión agravada y dos por aprovechamiento indebido del cargo, además de otras tres causas que terminaron siendo archivadas. A ello se suman varios expedientes por vulneraciones del código ético en la administración pública, que derivaron en procesos disciplinarios.
El caso más voluminoso es el del ministro de Vivienda, Wilder Alejandro Quilcate, con hasta seis procesos abiertos por presunta usurpación de funciones, aprovechamiento indebido del cargo y posibles delitos de lavado de dinero.
La nueva ministra de Medio Ambiente, Nelly Paredes del Castillo, también está siendo investigada por una posible omisión de funciones y por un presunto delito de genocidio, vinculado a su responsabilidad como ministra de Desarrollo Agrario durante el Gobierno de la expresidenta Dina Boluarte, en el marco de la represión de las protestas de 2022 y 2023, que dejaron más de medio centenar de fallecidos.
Denuncias archivadas y otros expedientes
En el ámbito educativo, el ministro de Educación, Erfurt Castillo, fue denunciado en 2013 por una presunta agresión sexual, causa que finalmente fue archivada. A su vez, el ministro de Economía, Gerardo López Gonzáles, aseguró no tener denuncias vigentes, aunque reconoció conocer investigaciones en su contra por supuestos delitos fiscales, sobre las que afirmó disponer de “información al detalle”.
A esta lista se añaden otros miembros del gabinete con denuncias ya archivadas de diversa índole. Entre ellos figuran el ministro de Salud, Luis Napoléon Quiroz, relacionado con un caso de sobornos; la ministra de Cultura, Fátima Altabas; y el titular de Producción, César Quispe Luján, quien llegó a acumular hasta diez procesos.
La propia Miralles, además de la causa en curso por delitos ambientales, ya había sido investigada anteriormente por lavado de dinero y otras presuntas tramas de corrupción.
En los próximos días, la primera ministra deberá presentarse ante el Congreso para someterse al voto de confianza. Algunas bancadas han adelantado que no respaldarán al gabinete, especialmente tras la inesperada salida de Hernando de Soto, que, según denuncian, responde a un nuevo “reparto mafioso” de poder.