El Colegio Colombiano de Juristas ha manifestado profundas preocupaciones acerca de la legalidad de ciertos elementos en la sentencia emitida este viernes contra el exmandatario Álvaro Uribe, quien fue condenado a 12 años de arresto domiciliario por soborno a testigos y fraude procesal. En particular, señalan falencias en las interacciones entre abogado y cliente, además de la excesiva extensión — más de 1.000 páginas — y la intrincada estructura del veredicto.
La entidad ha mostrado su inquietud por partes del proceso que podrían haber comprometido «derechos como la privacidad de las comunicaciones abogado-cliente, la imparcialidad e independencia judicial, la publicidad de las actuaciones, el derecho a la valoración de las pruebas solicitadas por la defensa y la proporcionalidad en la imposición de penas y medidas restrictivas de la libertad».
«En el marco de este proceso, la Procuraduría (Fiscalía) General de la Nación advirtió que la interceptación y utilización de dichas comunicaciones vulnera el secreto profesional, el derecho a la intimidad y el debido proceso, principios esenciales para la defensa técnica», han expresado los juristas.
Adicionalmente, el Colegio Colombiano de Juristas expresa su descontento frente a «la extensión y estructura» de un fallo «que supera el millar de páginas, plantea un problema de proporcionalidad y eficacia en la motivación judicial».
«La claridad, concisión y coherencia no son requisitos accesorios, integran el debido proceso y el principio de publicidad, pues permiten a las partes y a sus defensores ejercer cabalmente los recursos y derechos que la ley les reconoce», indicaron.
Por otro lado, la Defensora del Pueblo, Iris Marín, ha hecho un llamado este sábado a los seguidores del expresidente para que, independientemente de su postura, respeten «sin intimidación» a los jueces del país, especialmente a la magistrada Sandra Heredia, responsable de emitir el veredicto contra Uribe.
«Estigmatizar a quien cumple con su deber constitucional de impartir justicia socava la independencia judicial y su legitimidad institucional», ha declarado Marín. «Los señalamientos y campañas de desprestigio en contra de jueces y juezas no sólo socavan la independencia judicial sino que pueden llevar ataques violentos en contra de los servidores públicos de los servidores judiciales como ha ocurrido en el pasado», agregó.