Rosa Villavicencio, ministra de Exteriores de Colombia, ha confirmado el inicio de una investigación sobre Óscar Muñoz, encargado de negocios en la Embajada colombiana en Nicaragua, por haber solicitado a las autoridades de ese país la extensión del permiso de residencia para Carlos Ramón González, exasesor del gobierno acusado de corrupción y cuya extradición ha sido infructuosamente requerida por Bogotá.
«Se solicitó la extradición, pero hemos manifestado nuestro desacuerdo a la solicitud. En este punto estamos, el encargado de negocios está en un proceso disciplinario, hay una investigación de la Fiscalía», indicó Villavicencio en declaraciones a W Radio.
Esta noticia surge poco después de que el régimen de Daniel Ortega otorgara asilo político a González, negando así la extradición solicitada por Colombia, un acto que fue calificado por las autoridades colombianas como un gesto «inamistoso y agresivo».
Desde el Gobierno de Gustavo Petro, se ha instado a Managua a «revocar dicha protección internacional», basándose en las evidencias presentadas por la Fiscalía colombiana en contra de González, quien alega ser víctima de «una persecución política, judicial y mediática, impulsada por la extrema derecha colombiana».
Carlos Ramón González enfrenta cargos por cohecho y «dar u ofrecer lavado de activos por apropiación en favor de terceros» en un escándalo que involucra a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entidad que él dirigía, relacionado con anomalías en tres contratos estatales que suman un valor de 92.000 millones de pesos (aproximadamente 20 millones de euros).