El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, ha informado este jueves de una amplia operación antidroga llevada a cabo con el respaldo de Estados Unidos y Ecuador, en la que las fuerzas de seguridad colombianas se han hecho con más de 1.300 kilos de cocaína y han destruido “cinco laboratorios para la producción de estupefacientes” en dos municipios del suroeste del país.
“Cuando se unen las naciones, pierden los criminales. En acciones coordinadas entre nuestra Policía de Colombia, DEA (la Administración para el Control de Drogas estadounidense) y autoridades de Ecuador, han sido destruidos cinco laboratorios para la producción de estupefacientes en Puerto Asís (Putumayo) y Tumaco (Nariño), pertenecientes a la estructura criminal narcotraficante de alias 'Araña'”, ha anunciado Sánchez en un comunicado compartido en sus redes sociales.
El responsable de Defensa ha explicado que “estas infraestructuras eran un eslabón clave del narcotráfico transnacional”, uno de los objetivos prioritarios de la política exterior marcada por la Administración de Donald Trump.
Según ha precisado Sánchez, dentro del complejo desmantelado “dos laboratorios producían cocaína y tres procesaban pasta base (llamada comúnmente crack), con capacidad de producir hasta 7 toneladas de cocaína al mes, droga que era transportada hacia Ecuador con destino final Centroamérica y Estados Unidos”.
Asimismo, ha detallado que “el resultado operacional evidencia la contundencia del Estado contra las economías ilícitas. Durante los operativos se incautaron 1.373 kilogramos de cocaína, 2.350 galones de cocaína en suspensión, 2.750 galones de base de coca en suspensión, 4.450 galones (cerca de 8.900 litros) de insumos líquidos, 150 kilogramos de insumos sólidos, además de 7 marcianos (destiladores) y 24 elementos utilizados para el procesamiento”.
En esta línea, ha resaltado que “la articulación entre naciones asfixia el crimen transnacional” y ha remarcado que el Gobierno colombiano continúa “trabajando de manera coordinada con países aliados para golpear las finanzas de los grupos criminales”, al tiempo que busca proteger a las comunidades “y cerrar las rutas del narcotráfico que amenazan la estabilidad regional”.