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Colombia reanuda con drones la fumigación con glifosato de cultivos ilegales

Colombia retomará la fumigación con glifosato en cultivos de coca usando drones a baja altura en el Cauca, pendiente del aval ambiental definitivo.

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Las autoridades de Colombia han anunciado que volverán a emplear glifosato para fumigar cultivos ilícitos, pero esta vez mediante drones, dentro de la estrategia del Gobierno de Gustavo Petro contra las plantaciones de coca.

El ministro de Justicia, Andrés Idárraga, detalló que se retomará la aspersión terrestre utilizando vehículos aéreos no tripulados en áreas específicas donde “grupos armados ilegales están instrumentalizando a los campesinos para sembrar hoja de coca”. Según avanzó, estas labores podrían arrancar esta misma semana en el departamento del Cauca.

Idárraga subrayó que “no estamos volviendo a la aspersión aérea con glifosato, estamos haciendo una aspersión terrestre controlada visualmente por parte de la Policía Nacional, lo cual mitiga absolutamente todos los impactos que sí se daban en otra hora con la aspersión aérea”.

El titular de Justicia recalcó que los dispositivos operarán a una altura máxima de 1,5 metros, con el objetivo de evitar que el herbicida genere riesgos para la salud de la población, y que todo el procedimiento será supervisado de forma directa por la Policía, de acuerdo con lo publicado por Caracol Radio.

“Lo que ustedes van a encontrar es unos drones a una altura máxima de 1,5 metros de altura sobre el dosel, es decir, sobre la planta, lo cual facilitará en 30 minutos poder cubrir hasta una hectárea de hoja de coca”, indicó el ministro.

En paralelo, explicó que las instituciones siguen pendientes de la autorización definitiva por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, que “se espera que llegue mañana, a más tardar” para poner en marcha el plan piloto de aspersión en el Cauca.

La política de aspersión con glifosato, que en su día fue el principal eje de la lucha antidroga del Ejecutivo colombiano, quedó suspendida en 2015 por decisión del Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) y ha sido cuestionada durante años por diversas organizaciones sociales.