Las autoridades de Colombia y Ecuador se han responsabilizado entre sí del más reciente choque diplomático, que ha terminado en la aplicación de aranceles recíprocos del 30% después de que altos cargos de ambos gobiernos celebraran un encuentro para intentar frenar la escalada de la disputa comercial.
“Ante el comunicado emitido por la Cancillería colombiana, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador señala que respecto de la reunión de las cancilleres y autoridades de ambos países realizada en esta fecha, llama la atención que se pretenda atribuir la responsabilidad de este desacuerdo al Ecuador, cuando precisamente su origen radica en la falta de control efectivo y presencia estatal de Colombia en su frontera sur”, reza un comunicado del Ministerio de Exteriores ecuatoriano.
Minutos antes, el Ministerio de Exteriores de Colombia había indicado que, tras pedir a las autoridades ecuatorianas que suspendieran los aranceles mientras se desarrollan las conversaciones bilaterales, Quito respondió que solo retirará los gravámenes cuando se logre un entendimiento sobre la totalidad de los asuntos en discusión.
“Ante esta situación, el Gobierno de Colombia se ve obligado a expedir el decreto de aranceles de respuesta por razones de seguridad nacional, cuya firma se había aplazado a la espera de acuerdos más inmediatos”, ha reaccionado Colombia a la negativa de Ecuador.
Además, Bogotá ha anunciado que presentará una demanda ante la Comunidad Andina --integrada por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú-- por considerar que Ecuador ha vulnerado el Acuerdo de Cartagena, tratado que dio origen a este organismo regional.
En el terreno de la seguridad, las versiones oficiales también difieren. Colombia sostiene que ha reforzado el control en la frontera común para combatir el narcotráfico, mientras que Ecuador afirma que Bogotá ha reconocido la existencia de un problema en “la falta de control fronterizo y eliminación del cultivo de coca en (su) territorio”.
Ecuador aplicó el pasado mes de enero “una tasa de seguridad” del 30% a las importaciones procedentes de Colombia “ante la falta de reciprocidad y acciones firmes” de este país frente al narcotráfico. La medida fue respondida por el Ejecutivo colombiano con un arancel del mismo porcentaje sobre más de 50 productos de origen ecuatoriano y con la suspensión temporal del suministro de electricidad al país vecino.
Quito también ha elevado en más de un 900% la tarifa por el transporte de crudo colombiano a través del Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), que ha pasado de 2,5 dólares por barril a más de 30 dólares por barril para los usuarios extranjeros. Bogotá ha rechazado esta decisión y la ha calificado de “desproporcionada”.
En este contexto de creciente tensión y pese a que las últimas reuniones no han producido avances de fondo, ambos gobiernos han coincidido en mantener abiertos los canales de diálogo y continuar con las negociaciones.