Un magistrado en Colombia ha responsabilizado al Estado por no actuar adecuadamente en el intento de asesinato del senador y aspirante a la presidencia Miguel Uribe, quien fue gravemente herido en un incidente armado en Bogotá hace un mes, de acuerdo con declaraciones de su abogado.
«En la audiencia del día de ayer (…), un juez determinó que hay responsabilidad por omisión por parte del Estado colombiano, es decir, la Unidad Nacional de Protección (UNP) de este Gobierno», indicó el abogado Víctor Mosquera en un vídeo publicado en la red social X tras la sesión judicial que concluyó con la orden de prisión para Elder José Arteaga Hernández, alias ‘El Costeño’, señalado como el organizador del atentado.
El juez argumentó que a Uribe «no le dieron la protección adecuada y hubo mezquindad de parte de esa entidad respecto a su seguridad», lo cual «evidencia» los argumentos del equipo legal del senador, que sostiene que «hubo omisiones de protección a un líder de la oposición que venía haciendo un ejercicio impecable y que requería mínimos de seguridad para seguir ejerciendo sus derechos políticos».
Mosquera expresó su gratitud hacia la Fiscalía, la Policía Nacional y las agencias de inteligencia por su trabajo en la detención de los cinco presuntos ejecutores materiales del crimen, aunque remarcó que «no son suficientes».
«Es importante que el país conozca la verdad y se esclarezcan estos hechos y se den con los responsables», declaró, añadiendo que el equipo legal de Uribe continuará esforzándose «para que las autoridades den con los máximos responsables, es decir, con los autores intelectuales o determinadores y los instigadores».
Arteaga, acusado como cerebro del plan, enfrenta cargos por tentativa de homicidio, porte ilegal de armas y uso de menores en la comisión de delitos, tras haber contactado al adolescente de 15 años que disparó al precandidato junto a los detenidos Katerine Andrea Martínez, alias ‘Gabriela’, y Carlos Eduardo Mora, quien aseguró la huida del grupo.
A pesar de estos arrestos, se anticipa que hay más implicados en el ataque, ya que el Gobierno de Colombia ha ofrecido una recompensa de hasta 3.000 millones de pesos (aproximadamente 636.800 euros) por información que lleve a la captura de otros involucrados en el intento de homicidio de Miguel Uribe que siguen libres.