La Comisión Europea ha suavizado las exigencias que tienen los Estados miembro de la UE respecto a la divulgación de sus interacciones financieras con las empresas estatales, eliminando la necesidad de entregar informes anuales.
Desde Bruselas se argumenta que esta medida disminuirá las cargas administrativas tanto para los gobiernos europeos como para las empresas manufactureras.
La adaptación se lleva a cabo mediante una directiva que altera la regulación sobre la transparencia de las relaciones financieras entre los Estados miembro y las empresas de propiedad estatal, con el propósito de eliminar los requerimientos de información que se consideran innecesarios.
Esta iniciativa está alineada con la meta de la Comisión de reducir en un 25% las cargas derivadas de los requisitos de información, preservando al mismo tiempo los objetivos políticos establecidos.
A pesar de las modificaciones, las normativas revisadas continúan asegurando la transparencia de las interacciones financieras entre los países de la UE y las empresas estatales, manteniendo los criterios necesarios para asegurar la claridad en las transacciones financieras.