Este jueves, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia ha dictado sentencia contra doce militares responsables del asesinato de 135 ‘falsos positivos’, término utilizado para describir a civiles asesinados bajo la falsa identidad de guerrilleros. Estos hechos fueron parte de una estrategia para justificar su muerte y ocurrieron en el contexto de los acuerdos de paz de La Habana de 2016. Los condenados, integrantes del Batallón La Popa en Valledupar, recibirán ocho años de penas alternativas, enfocadas en labores que buscan reparar el daño a las víctimas y proporcionar justicia.
Además de las penas alternativas, algunos militares verán reducidos sus tiempos de reparación gracias a la conmutación de los periodos ya cumplidos en prisión. Entre las actividades de reparación se incluyen la construcción y mantenimiento de infraestructuras clave en las comunidades afectadas, como un mausoleo para las víctimas y un centro cultural para la comunidad indígena Wiwa.
La investigación vincula a estos militares, principalmente mandos medios, con ‘asesinatos ilegítimos y desapariciones forzadas’ en alianza con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), ya desmanteladas. Estos crímenes ocurrieron entre 2002 y 2005 en los departamentos de César y La Guajira. Paralelamente, la JEP ha impuesto sanciones similares a exmandos de las FARC, quienes a diferencia de los militares, admitieron su responsabilidad en los delitos imputados, incluido el secuestro de 21.000 personas durante el conflicto armado en Colombia.
Los ‘falsos positivos’ representan a 6.402 civiles asesinados con la complicidad de paramilitares, etiquetados erróneamente como guerrilleros, principalmente durante el mandato de Álvaro Uribe entre 2006 y 2008. Este método buscaba proyectar un éxito engañoso en las operaciones militares contra el narcotráfico y grupos armados, incentivado además por las recompensas y reconocimientos del Gobierno a los resultados obtenidos.