El sistema judicial de República Centroafricana ha impuesto una condena de diez años de trabajos forzados y una sanción económica de 50 millones de francos centroafricanos (equivalentes a más de 76.000 euros) a Joseph Figueira Martin, un ciudadano de origen lusobelga y empleado de la ONG estadounidense Family Health International 360 (FHI 360). Martin ha sido tildado de ‘espía’ por las autoridades del país.
Desde la capital, Bangui, el Tribunal de Apelación ha pronunciado su veredicto tras un proceso que se extendió durante seis días. Martin fue hallado culpable de asociación ilícita y atentado contra la seguridad estatal, enfrentándose también a acusaciones de conspiración estatal, espionaje, incitación al odio y a la sublevación contra las instituciones, complicidad en el debilitamiento de la seguridad interna del Estado y tentativas de desestabilización gubernamental, según informa el portal local Ndjoni Sango.
La defensa del acusado ha cuestionado tanto el procedimiento judicial como las condiciones de su arresto. Georges, hermano de Martin, ha declarado al periódico portugués ‘Público’ que apelarán la sentencia este miércoles, criticando además que el tribunal desestimara pruebas aportadas por FHI 360, anteriores empleadores y colegas, argumentando que ‘los remitentes no residen en República Centroafricana’.
Martin fue arrestado el 26 de mayo de 2024 mientras colaboraba como consultor para FHI 360 en un proyecto destinado a mitigar la pobreza y prevenir la violencia de género en el país. Dos meses después del arresto, la ONG denunció que las acusaciones ‘no se corresponden con los hechos que rodean su visita ni con el trabajo de FHI 360’. Un año más tarde, la entidad no lucrativa expresó preocupación por el empeoramiento de la salud de Martin y la distorsión en la interpretación de sus actividades y principios humanitarios.
El Parlamento Europeo ha señalado al Grupo Wagner por su implicación en el secuestro de Martin, acusando a este grupo y a las fuerzas rusas de detenciones arbitrarias y torturas, y ha denunciado un patrón de desinformación y retórica antioccidental vinculada a Rusia en el país, según una resolución emitida en julio sobre la situación del cooperante.