El pasado viernes, un tribunal de Nabeul, situado en el noreste de Túnez, impuso la pena de muerte a un hombre por expresar críticas hacia el presidente Kais Saied a través de las redes sociales. Dicha sentencia ha sido calificada por activistas de Derechos Humanos como un ‘precedente grave’.
Presidido por el juez Nader Guidara, el tribunal de primera instancia de Nabeul encontró a Saber Chouchane culpable de insultar al jefe de Estado, difundir información falsa e intentar modificar la forma de gobierno del país, imponiéndole la máxima pena.
Originalmente, el caso se trasladó a un tribunal antiterrorista, aunque posteriormente se descartaron los cargos de terrorismo y se remitió de nuevo al tribunal de primera instancia, donde se dictó la sentencia de muerte.
La Comisión para el Respeto de las Libertades y los Derechos Humanos en Túnez (CRLDHT) ha emitido un comunicado denunciando que esta sentencia refleja un nivel sin precedentes de violaciones por parte del régimen, afectando derechos fundamentales como la libertad de expresión y el derecho a un juicio justo. Además, subrayó que la justicia está siendo utilizada como herramienta política a favor del actual ‘régimen’.
Desde la CRLDHT se ha hecho un llamamiento a la población tunecina e internacional, así como a la sociedad civil, para que condenen y combatan lo que consideran abusos de un poder tiránico, instando a preservar los Derechos Humanos y las libertades en Túnez, legado de la revolución de 2011 que Saied parece contrariar.
La oposición, representada en gran parte por el Frente de Salvación Nacional (FSN), ha criticado la tendencia autoritaria de Saied desde hace más de tres años, especialmente después de que en 2021 asumiera todas las competencias al disolver el Parlamento y el Gobierno. Además, ha destacado la necesidad urgente de su renuncia ante la continua detención de opositores y la baja participación en procesos electorales recientes.