Un juzgado de Colombia ha impuesto este lunes a Katherine Martínez una pena de 21 años y dos meses de prisión por su implicación en el asesinato del senador colombiano Miguel Uribe, ocurrido en junio del año pasado, después de alcanzar un acuerdo con la Fiscalía en el que reconoció que recibió y entregó el arma utilizada por el autor de los disparos contra la víctima.
Así lo ha resuelto una jueza penal del circuito especializado de Bogotá, tras “aprobar los términos del preacuerdo suscrito entre la Fiscalía y Martínez”, a quien se ha declarado responsable de los delitos de “homicidio, concierto para delinquir; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todas las conductas agravadas”.
Según la resolución, la acusada “recibió y trasladó el arma de fuego a inmediaciones del parque El Golfito y, a bordo de un vehículo, se la entregó a Elder José Arteaga Hernández, quien a su vez se la dio al adolescente que disparó contra” Uribe. Se trataba de una pistola tipo 'Glock' que “había sido modificada para aumentar su letalidad”, de acuerdo con un comunicado del Ministerio Público.
La representación legal de la familia de Uribe ha destacado “el trabajo técnico y estructural de la Fiscalía” y la “decisión firme, independiente y jurídicamente sólida” de la magistrada que dictó la condena contra Martínez. “Esta condena constituye un primer paso relevante en la dirección correcta”, ha subrayado la familia en una nota difundida en redes sociales.
No obstante, ha insistido en que el asesinato “no fue un hecho aislado ni espontáneo” sino que detrás existió “una coordinación (...) y una empresa criminal que operó por precio y con una finalidad política”, por lo que “la responsabilidad penal no se agota en quienes ejecutaron o facilitaron la logística”.
En esta línea, el abogado Víctor Mosquera ha reclamado “que se avance (en la investigación) hasta los determinadores, instigadores y financiadores” y ha afirmado que “impulsaremos todas las acciones jurídicas necesarias para que se produzcan capturas, imputaciones y condenas contra cada uno de los autores intelectuales y responsables de la dirección criminal de este magnicidio”.
El senador y precandidato presidencial conservador falleció el 11 de agosto de 2025 tras pasar dos meses ingresado en estado crítico, con heridas provocadas por los disparos efectuados por un menor de 15 años durante un acto en la capital colombiana. Hasta la fecha, las autoridades han arrestado a nueve personas por el magnicidio de Uribe, un crimen que sacudió al país.