Este lunes, la Fiscalía de Venezuela ha informado sobre la imputación a Martha Lía Grajales, activista venezolana, de los delitos de incitación al odio, conspiración con gobierno extranjero y asociación, tras su detención luego de una manifestación en Caracas en apoyo a familiares de detenidos políticos.
«El Ministerio Público informa que fue presentada e imputada la ciudadana Martha Lía Grajales en el lapso de ley tras haberse solicitado orden de aprehensión en su contra por acciones en contra de las instituciones venezolanas y la paz de la República», comunicó la institución en Instagram, subrayando los delitos de incitación al odio, conspiración con gobierno extranjero y asociación.
El ente aseguró que actuará como «garante de la justicia y los Derechos Humanos, velará por el cumplimiento de las garantías al debido proceso que consagra la Constitución».
Denuncias y peticiones internacionales
Antonio González, esposo de Grajales, ha manifestado que la activista permanece «en situación de desaparición forzada hasta el día de hoy», en un mensaje difundido en la red social X, donde también indicó que se le ha negado el acceso a visitarla hasta en cuatro ocasiones en la Dirección de Investigaciones Penales de la Policía Nacional Bolivariana en Maripérez.
Por su parte, Volker Turk, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha exigido la liberación «inmediata» de Grajales, asegurando que «su familia y su abogado deben ser informados sobre su suerte y paradero».
«Sus derechos deben ser respetados», ha añadido, tras denuncias del Comité por la Libertad de los Presos Políticos sobre cómo la activista fue «obligada a subir a una camioneta gris sin placas» tras una protesta frente al Tribunal Supremo.