QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, ha anunciado la reciente liberación de un grupo de militares que fueron capturados el pasado domingo en Imbabura, lugar clave de las manifestaciones del paro nacional indefinido iniciado por organizaciones indígenas. Estos militares custodiaban un convoy humanitario encabezado por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa.
«Fueron encerrados en un motel y una de las patrullas del convoy tuvo que regresar y realizar una maniobra de rescate de este personal, logrando rescatar (…) una gran parte de ese grupo (…) los 16 desaparecidos, de los cuales puedo decir ahora que (…) ya fueron recuperados, fueron entregados», explicó Loffredo, quien además reveló que inicialmente se hablaba de 17 secuestrados, pero la cifra real ascendía a más de veinte.
El ministro describió el estado lamentable en el que se encontraban los militares liberados, mencionando «estamos hablando de brazos y piernas fracturadas, de cabezas rotas, de contusiones, de quemaduras, pérdida del oído (…) y hasta uno de nuestros soldados que está totalmente desfigurado por el impacto de una roca y tiene fracturas maxilofaciales de todos los huesos de la nariz».
Loffredo calificó el incidente como «uno de los más violentos» y aclaró que los agentes no estaban disolviendo manifestaciones en ese momento. Además, informó que el Ejército ecuatoriano había conseguido rescatar a cuatro de los militares retenidos el martes, quienes eran parte de un grupo de 50 que acompañaban un convoy de 100 vehículos, emboscado por aproximadamente 350 personas. A raíz de estos hechos, el Ejército presentó una denuncia en la Fiscalía esta semana.
El mismo martes, en Cotacachi, se registró la muerte de Efraín Fueres, un comunero indígena, por disparos de las fuerzas de seguridad, siendo probablemente la primera víctima mortal del paro convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), que ya lleva nueve días activo. La CONAIE ha acusado al Estado de «una masacre planificada, un crimen de Estado» por el uso de «balas reales, dinamita y armamento letal» contra los indígenas.
