El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, se enfrenta desde este martes a un ultimátum lanzado por congresistas de ambos partidos, Demócrata y Republicano, que han amenazado con bloquear parte de su presupuesto para desplazamientos si no entrega las grabaciones íntegras, sin editar, de los ataques del Ejército contra presuntas narcolanchas en el Caribe, junto con las copias de las órdenes que los autorizaron, en medio de la fuerte controversia por el bombardeo que acabó con los supervivientes de una de esas operaciones.
La advertencia, que contempla un recorte del 75 por ciento del citado presupuesto en caso de desobediencia, figura en las cláusulas incorporadas al texto definitivo de la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA, por sus siglas en inglés). La norma, respaldada por legisladores de los dos partidos, llega en pleno escrutinio público sobre el Departamento de Defensa tras el ataque que terminó con la vida de los dos últimos ocupantes de una embarcación que había zarpado con once personas a bordo.
La aprobación del NDAA es preceptiva cada año, y se prevé que la versión que incluye estas nuevas condiciones se someta a votación esta misma semana en la Cámara de Representantes, antes de ser remitida posteriormente al Senado para su tramitación.
Dentro del Partido Republicano han surgido críticas a lo que describen como una campaña de ejecuciones extrajudiciales en aguas internacionales. Entre ellos figura el congresista Don Bacon, integrante del Comité de las Fuerzas Armadas de la Cámara de Representantes, quien ha afirmado al portal The Hill: “Es hora de demostrarle a Hegseth que somos una rama independiente”.
En paralelo, el demócrata John Garamendi, también miembro de dicho Comité, ha sostenido que, “si Hegseth no tiene nada que ocultar, publicar todas las imágenes audiovisuales de los ataques de barcos en Venezuela no debería ser un problema”. Para el mismo medio, ha añadido: “Insto a Hegseth a que haga lo correcto y deje que el pueblo estadounidense juzgue por sí mismo toda la historia”.
A pesar de estas presiones cruzadas, el jefe del Pentágono se ha mostrado hasta ahora poco dispuesto a garantizar la difusión del vídeo, mientras que el presidente del país, Donald Trump, ha indicado que dejará la decisión final en manos del propio Hegseth, sin intervenir directamente.
La controversia estalló después de que el Pentágono confirmara la existencia de un segundo bombardeo contra la primera embarcación atacada por las Fuerzas Armadas estadounidenses, a la que se acusaba de transportar estupefacientes. Tras un primer ataque en el que murieron nueve de los once tripulantes y el barco quedó seriamente dañado, un nuevo bombardeo terminó con la vida de los dos supervivientes.
Aunque el Manual de la Armada prohíbe expresamente lanzar ataques cuyo propósito sea eliminar a quienes han sobrevivido a una acción previa, la Administración Trump ha defendido la legalidad de la operación ordenada por el almirante Frank Bradley, máximo responsable de Operaciones Especiales, que actuó bajo la autorización de Hegseth.
Hasta el momento, Estados Unidos ha llevado a cabo 22 bombardeos contra embarcaciones en el mar Caribe y en el Pacífico oriental, operaciones que han dejado al menos 86 fallecidos. Con todo, Hegseth declaró la semana pasada que “apenas han comenzado”.