Este miércoles, el Parlamento griego ha dado luz verde a una controvertida normativa que incrementa las sanciones contra los inmigrantes indocumentados y facilita a las autoridades la ejecución más rápida de las deportaciones en tales situaciones. Esta disposición ha sido objeto de intensas críticas por parte de los grupos opositores.
La nueva ley autoriza a que Atenas proceda con la expulsión más ágil de aquellos migrantes cuyas peticiones de asilo hayan sido denegadas, incrementando además las penas por residencia ilegal en el país a un rango de dos a cinco años de cárcel.
A pesar de la oposición de distintos sectores, incluyendo a la Defensoría del Pueblo griega y diversas entidades pro derechos humanos, la medida ha sido aprobada. Incluso el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados ha expresado su desaprobación.
Desde el Movimiento Socialista Panhelénico (PASOK), se ha descrito la legislación como «caótica e imposible de poner en práctica», y el Partido Comunista ha argumentado que es «racista» y «lamentable», criticando que «impone la deportación de migrantes que no pueden optar al regreso voluntario a sus respectivos países».
Por otro lado, el ministro de Migración, Thanos Plevris, ha señalado que los inmigrantes afectados por esta ley serán retenidos «hasta que se produzca su salida efectiva del país». Además, ha advertido que quienes intenten reingresar a Grecia «sin papeles» enfrentarán condenas de hasta tres años de prisión, según reporta el periódico ‘Kathimerini’.
El ministro celebró que Grecia se posicione como el «primer país en introducir medidas extremadamente disuasorias» y en «criminalizar la estancia ilegal de esta manera». Se ha reportado que Grecia deportó a cientos de migrantes irregulares el pasado mes de julio, y se espera que más individuos sean enviados pronto a naciones como Pakistán, Bangladesh y Egipto.